:quality(75)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/elcomercio/T7IF42OI4BEM3O3F5LZU4YU4JM.jpg)
La Defensoría del Pueblo también condenó los ataques que sufrieron los ministros de Salud, Óscar Ugarte, y de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Solangel Fernández, por simpatizantes de Fuerza Popular durante una marcha este miércoles. Previamente lo había hecho la Presidencia de Consejo de Ministros (PCM).
A través de su cuenta oficial en Twitter, la institución recordó que el derecho a la protesta en un sistema democrático “es incompatible” con toda expresión de violencia.
“Recordamos que el derecho a la protesta en un sistema democrático es incompatible con toda expresión de violencia, por ello condenamos enérgicamente los actos cometidos contra ministros de Estado, así como los que afecten a cualquier otro/a ciudadano/a”, señaló en la red social.
Como se recuerda, el ministro de Salud, Óscar Ugarte, denunció que seguidores de Fuerza Popular atacaron su vehículo oficial con palos y piedras cuando se desplazaba por el Centro de Lima hacia Palacio de Gobierno.
Durante una conferencia de prensa, indicó que el vehículo estuvo inmovilizado entre 15 y 20 minutos a la altura de la primera cuadra de la avenida Tacna y consideró que el hecho “no tiene ninguna justificación”.
“Un contingente de manifestantes de Fuerza Popular, obviamente así lo eran, rodeó el carro que identificó como oficial y empezó a apedrearlo y apalearlo. Hemos estado como 15 a 20 minutos inmovilizados en la primera cuadra de (la avenida) Tacna por una violencia que no tiene ninguna justificación”, expresó.
Ugarte Ubilluz cuestionó el ataque y dijo que un contingente de la Policía Nacional (PNP) intervino y logró controlar la situación. También hizo una invocación a los dirigentes políticos a no incitar a hechos de violencia.
En tanto, la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) confirmó que la titular de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Solangel Fernández, también fue víctima de agresiones.
A través de un comunicado, enfatizó que la ciudadanía tiene derecho a “expresarse libremente”, pero “sin agredir a otras personas ni afectar los bienes públicos y privados”.
“Rechazamos firmemente los actos de violencia de los que han sido objeto dos ministros de Estado, que se dirigían a una reunión de trabajo en Palacio de Gobierno”, expresó.
