El inicio frágil y con convulsión social del gobierno de Dina Boluarte

Omar Coronel, profesor e investigador del Departamento de Ciencias Sociales de la PUCP, comentó que estamos frente a “un Gobierno claramente frágil porque no tiene bancada y no tiene un apoyo en las calles”.

“Son tres factores por lo que creo que el Gobierno de Boluarte nace muy débil. Dificultad en el Congreso, dificultad con las organizaciones sociales y dificultades con una opinión pública que parece preferir ampliamente un adelanto de elecciones que un mandato suyo hasta el 2026 con el mismo Congreso”, subrayó.

En la misma línea, Paolo Sosa, investigador IEP, consideró que se trata de un Gobierno débil y que la nueva presidenta debe lidiar con dos frentes: la oposición empoderada después de vacar a Pedro Castillo, y la calle que lejos de apoyar a la mandataria, está yendo en contra de la propia presidenta y del mismo Congreso.

En este escenario, concuerdan los dos expertos, es difícil encontrar una solución que “contente” a todos. “Vemos una petición maximalista que es que se vayan todos, pero es como un ‘que se vayan ya’, sin considerar que son procesos que toman tiempo. No hay forma de responder adecuadamente a todas las demandas”, comentó Sosa. Coronel, por su parte, remarcó que se hace urgente que el primer ministro aparezca públicamente en este contexto crítico.

El primer ministro, Pedro Angulo, dijo ayer en Punto Final que se reunirían en Consejo de Ministros “para tratar las propuestas con las que se va a enfrentar el problema”, y que se va a reactivar el Acuerdo Nacional y el Consejo de Estado.

Sobre un adelanto de elecciones, respondió que es un tema que “corresponde al Congreso de la República”. Sin embargo, tras la reunión de los ministros, hoy pasada la medianoche, la presidenta Boluarte en un mensaje a la Nación anunció que presentarán un proyecto de ley de adelanto de elecciones para el 2024 y se buscará iniciar una reforma política.

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Las protestas

Rolando Luque, adjunto para la Prevención de Conflictos Sociales y Gobernabilidad de la Defensoría del Pueblo, comentó que hay por lo menos “60 organizaciones sociales que han hecho convocatorias a movilizaciones y marchas, incluso con bloqueo de vías de comunicación en los últimos días”.

Las protestas han puesto sobre la mesa tres puntos, dice Luque: el cierre del Congreso, la convocatoria de nuevas elecciones y la instalación de una Asamblea Constituyente.

Este escenario de conflictividad ya dejó al menos 30 heridos y dos jóvenes de 15 y 18 años muertos (hasta el cierre de esta edición). También se retuvo a policías.

Si bien ayer se restauró el tránsito en el km 261 de la Panamericana Sur (en Ica), Gestión supo que hay intención de volver a bloquearla. Además, ha iniciado otro bloqueo en la Panamericana Norte. Organizaciones sociales de Apurímac anunciaron un paro indefinido y Corpac tuvo que cerrar el aeropuerto de Andahuaylas por enfrentamientos. Otros gremios están llamando a movilizarse, como el Fenate, que acordó paro nacional.

Incluso, dijo Luque, hay riesgo de que se empiecen a bloquear vías alrededor de operaciones mineras porque la Confederación Nacional de Comunidades del Perú Afectadas por la Minería planearía sumarse.

El funcionario subrayó que es urgente que se evalúe con realismo la situación, se den señales de confianza a la población y se explore la posibilidad para que a través del Acuerdo Nacional se puedan canalizar las protestas por vías institucionales.

Bancadas

Gráfico. Varias bancadas se han reunido con la presidenta, pero otras como Perú Libre, Perú Democrático o Podemos Perú mostraron una posición contraria. No obstante, en bancadas donde hay aparente apoyo a la nueva gestión, algunos congresistas han pedido adelanto de elecciones tras las protestas.