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El abogado de la vicepresidenta Dina Boluarte, Alberto Otárola, afirmó que el Congreso de la República tendrá que adecuarse a los estándares internacionales si la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) concede medida cautelar a favor de su patrocinada.
A través de su cuenta en Twitter, señaló que el pasado 23 de junio se presentó en Washington, Estados Unidos, una denuncia y una solicitud cautelar ante dicha instancia supranacional.
“La CIDH es un órgano independiente de jurisdicción supranacional y sus decisiones vinculantes. Si concede cautelar actuación del Congreso tendrá que adecuarse a estándares internacionales, sin olvidar que en el Perú debe regir el Estado constitucional y democrático de Derecho”, señaló en la red social.
En su petición, acusó afectación de los derechos a la defensa, debido proceso y de legalidad. “Demostramos orientación indebida de informe de Contraloría y adelanto de opinión de congresistas que han anunciado que votarán la inhabilitación política por 10 años”, subrayó.
Asimismo, alega falta de razonabilidad y proporcionalidad son evidentes además de uso desmedido de denuncia constitucional en curso. “En medida cautelar pedimos se respete derecho del pueblo a elegir a sus representantes por 5 años y no por el plazo que recorte arbitrariamente el Congreso”, acotó
Cabe indicar que el pasado 1 de julio la Comisión Permanente del Congreso acordó por mayoría dar 15 días de plazo a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales para que se presente el informe final de la denuncia constitucional contra Dina Boluarte.
La decisión se tomó por 22 votos a favor y 7 en contra. El proceso contra Boluarte Zegarra se inició luego de que un informe de Contraloría diera cuenta de que firmó documentos como presidenta del Club Departamental Apurímac cuando ya era ministra y ocupaba la vicepresidencia, pese a que la Constitución prohíbe este tipo de actividades.
En su informe de calificación, la subcomisión, dirigida por la parlamentaria Rosío Torres (Alianza para el Progreso), advierte la posible infracción de parte de la también vicepresidenta de la República de los artículos 38 y 126 de la Carta Magna.
