Procurador general sobre Enco: “No asigné una competencia nueva ni quité competencia a otra Procuraduría”

El procurador general, Daniel Soria, se pronuncia en exclusiva con Gestión respecto a la renuncia de Amado Enco a la jefatura de la Procuraduría Anticorrupción. Niega que haya vulnerado su autonomía como abogado del Estado.

Asimismo, adelanta que el pedido que hizo Enco al fiscal Reynaldo Abia de informar a Fiscalía de la Nación sobre el presunto delito de colusión que habría cometido el presidente Martín Vizcarra y otros altos funcionarios en la compra de pruebas rápidas, sigue su curso y lo respalda.

¿Cuál fue su criterio para resolver que la procuradora ad hoc Silvana Carrión sea la competente para defender al Estado en la investigación por presuntos sobornos contra el presidente Martín Vizcarra, si la Fiscalía competente es la Anticorrupción?

Lo primero que tenemos que decir es lo siguiente. A veces hay confusión al respecto. El sistema de Defensa Jurídica del Estado que está conformado por procuradores y procuradoras es una entidad distinta y autónoma al Ministerio Público. El Ministerio Público todavía tiene, en realidad, pendiente resolver este problema del fiscal competente.

Según la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, el competente para investigar al mandatario es el fiscal Elmer Chirre…

En ello el sistema de procuradurías no se puede meter, no es usual. Es una decisión autónoma del Ministerio Público. Lo que quiero manifestar es que las decisiones respecto a las procuradurías, tiene que ver estrictamente con la Defensa Jurídica del Estado. Esto no tiene ningún tema de incidencia en la investigación de los fiscales. Algo que también ha generado confusión es lo siguiente. A la procuradora Silvana Carrión, el procurador general del Estado, no le ha asignado una competencia que no tenía antes.

¿Puede explicarlo?

Todo se inicia por un oficio que me envía la procuradora Carrión pidiendo una precisión de sus competencias. Un pedido de precisión y yo le respondo con un oficio. En ese oficio, lo que hago es confirmarle algo que ya había sido decidido antes en el marco del anterior Consejo de Defensa Jurídica del Estado. Este ya había señalado que la Procuraduría Pública ad hoc para el caso Odebrecht y otras era competente no solo para ver presuntos casos de corrupción donde estaba involucrada esta empresa brasileña, sino también para poder participar en la defensa del Estado en otros procesos vinculados a otras empresas donde no necesariamente esté involucrada Odebrecht, pero donde presenten características similares respecto al esquema de actos de corrupción que realizaban.

¿Se refiere al Club de la Construcción?

Sí. Aquí estamos hablando del caso Club de la Construcción. Estas competencias fueron asignadas en el pasado. Entonces he revisado los antecedentes y en mi carta de respuesta a la procuradora Silvana Carrión le respondo con estos antecedentes y le confirmo que es la competente. No le estoy asignando una competencia nueva y tampoco le estoy quitando competencia a otra procuraduría. Estoy ratificando que de acuerdo a las competencias asignadas en documentos oficiales del Consejo de Defensa Jurídica del Estado anterior a mi gestión, esa competencia ya estaba asignada. Desde ese punto de vista, no se puede hablar que el procurador general ha zanjado competencias entre las procuradurías. En base a antecedentes pasados, la procuradora competente para este caso es la doctora Silvana Carrión. No le asigné una nueva competencia.

En su carta de renuncia, Amado Enco le recomienda a usted que no vulnere en el futuro la competencia y autonomía de la Procuraduría Anticorrupción…

Desde el inicio de mi gestión, la Procuraduría General del Estado ha respetado estrictamente la autonomía funcional no solo del exprocurador Amado Enco sino de todos los procuradores. Ahí tenemos que tener en cuenta lo siguiente. La autonomía funcional es un principio rector que está en la ley. Esta dice que los procuradores tienen la potestad de ejercer sus funciones libre de injerencias e intereses. Entonces para que se viole la autonomía, tendría que haber un acto de mi parte que cause una injerencia en el actuar de un procurador público. Todos los procuradores han actuado con absoluta libertad para hacer sus diligencias e intervenir en todos los casos. Nosotros los hemos apoyado como Procuraduría General. Entonces esas injerencias no han existido y no existirán.

¿No se sacó a Enco por el pedido que hizo al fiscal Reynaldo Abia de informar a la Fiscalía de la Nación que el presidente Martín Vizcarra, la ministra de Economía, María Alva, y los exministros de Salud Víctor Zamora e Elizabeth Hinostroza habrían cometido el presunto delito de colusión en la compra de pruebas rápidas?

No. Se tenía información pública de esta investigación que inició la Fiscalía Anticorrupción luego de un reportaje periodístico. Sin embargo, concretamente el escrito de fecha viernes 23 de octubre que el doctor Enco presentó en el marco de esta indagación fiscal donde pide que se eleve los actuados a altos funcionarios a la Fiscal de la Nación, es un requerimiento del cual como procurador general recién he tenido conocimiento ayer. Ni siquiera de manera simultánea, primero lo leí en los medios. La renuncia del doctor Enco sí la conocí porque la presentó a la Procuraduría General y horas después se difunde en medios el escrito que le menciono. Este escrito, con toda honestidad, me enteré por los medios. En señal de respeto a su autonomía, él no tenía por qué pedir permiso a la Procuraduría General y tampoco tenemos la potestad de revisar las estrategias de los procuradores. No hay ningún acto de afectación de autonomía de este pedido en particular.

¿Entonces el pedido al Ministerio Público sigue en curso?

Sí, el fiscal Abia evaluará y lo elevará a la fiscal de la Nación. Haremos lo mismo que en el caso Richard Cisneros. Nos apersonaremos, porque me corresponde como procurador general, y para una defensa eficiente se delegará la participación al que ahora será el procurador anticorrupción encargado que es el doctor Javier Pacheco. Y las acciones de la Procuraduría Anticorrupción continuarán como debieron haber continuado en el supuesto que el doctor Enco no hubiera renunciado.

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