Esto, luego de que en el dictamen final fueron retirados 13 delitos que se contemplaron inicialmente, algo que fue cuestionado por las bancadas de izquierda. Cabe indicar que, en caso la norma sea aprobada en el Pleno, Antauro Humala, quien en agosto del 2022 salió de prisión tras cumplir una sentencia de 17 años por el caso ‘Andahuaylazo’, no podría postular en las próximas elecciones debido a que no calzaría con el plazo fijado de la rehabilitación (10 años).
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Pese a que ya han transcurrido casi cuatro meses desde que el dictamen regresó a la comisión de Constitución, hasta ahora no ha discutido para hacer los ajustes respectivos.
Al respecto, el vocero de la bancada de Renovación Popular, Alejandro Muñante, pidió al grupo de trabajo que priorice del debate de esta propuesta, que lleva varios meses en espera.
A través de un oficio enviado al presidente de la comisión, Fernando Rospigliosi, el legislador recordó que el tema ya lleva varios meses entrampado para un mejor estudio y cuestionó que, hasta ahora, no haya sido tomado en cuenta. Esto, a pesar de la cercanía al fin del plazo para realizar ajustes a la Constitución y la normativa electoral de cara las elecciones generales del 2026.
“En ese sentido, teniendo en cuenta las circunstancias coyunturales y estar próximos de aperturarse el proceso electoral, se puede priorizar de manera urgente el referido dictamen y pueda ser aprobado en el Pleno, sea para que se apruebe en dos legislaturas o sea aprobado vía referéndum, a fin de salvaguardar nuestra democracia”, aseveró en el documento.
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“¡Es hora de poner ‘candados’ en defensa de nuestra democracia! He solicitado al presidente de la comisión de Constitución priorizar la emisión del dictamen del Proyecto de Ley N° 3911 y otros, que busca cerrar definitivamente el paso a sentenciados por terrorismo, rebelión y otros delitos graves, impidiendo que ocupen cargos de elección popular. No permitiremos que quienes atentaron contra la patria accedan al poder. ¡La democracia no puede ser boba!”, indicó Muñante en sus redes sociales.
¿Qué plantea el texto sustitutorio?
En el texto sustitutorio devuelto a la comisión de Constitución se precisa que están impedidas de postular a cargos de elección popular las personas condenadas a pena privativa de la libertad, efectiva, con sentencia consentida o ejecutoriada, en calidad de autoras, cómplices o instigadoras por la comisión de los tipos penales referidos al terrorismo, tráfico ilícito de drogas, así como por los delitos de rebelión, sedición y motín.
“El impedimento subsiste 10 años después de que estas han sido declaradas rehabilitadas”, añade la propuesta.
En el primer texto, que se presentó el 17 de febrero del 2023, estaban incluidos 11 delitos: terrorismo, tráfico ilícito de drogas, violación a la libertad sexual, colusión, peculado, corrupción de funcionarios, homicidio, trata de personas, secuestro, contra la seguridad nacional y traición a la patria, contra los poderes del Estado y el orden constitucional.
No obstante, en la nueva propuesta solo fueron considerados cinco de ellos: terrorismo, tráfico ilícito de drogas, rebelión, sedición, motín.
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