El Congreso aprobó, en una primera votación, al proyecto que modifica la Ley Orgánica de Elecciones para ajustar las normas electorales al proceso de elección del Parlamento bicameral en 2026. La normativa incluye una disposición que podría incrementar el número de representantes del Parlamento a 237 en las elecciones de 2031.
El dictamen fue aprobado con 70 votos a favor, en su mayoría provenientes de las bancadas de Fuerza Popular (FP), Alianza Para el Progreso (APP), Avanza País, Somos Perú, Renovación Popular y otros congresistas aliados que apoyaron la propuesta.
La ley establece que en las próximas elecciones generales se elegirán 130 diputados y 60 senadores. No obstante, más adelante especifica que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) determinará un representante congresal por cada 160 mil electores en el país.
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En las elecciones regionales y municipales de 2022, el padrón electoral alcanzó los 24.7 millones de votantes. Según la lógica del proyecto, esto implicaría la elección de 158 diputados y 79 senadores, sumando un total de 237 representantes.
¿Qué implica esta medida?
Al respecto, el experto en temas electorales, José Naupari, se mostró a favor de que se incremente la cifra de integrantes del Parlamento al recordar que en la actualidad existe un problema de subrepresentación en el país.
“No podemos negar que existe un problema de subrepresentación en el país. La subrepresentación, que no es lo mismo que representación, se tiene que arreglar con un mayor número de parlamentarios. Eso es claro, porque entre 1992, que se aprueba la Constitución, y el 2024, el número total de electores hábiles se ha incrementado superlativamente”, indicó a Gestión.
Respecto a las implicancias, añadió que la aplicación de esta ley conllevará la asignación de un mayor presupuesto para el Parlamento, debido a que necesariamente se tendrán que construir más infraestructura (escaños y oficinas parlamentarias), así como contratar más asesores, entre otros gastos adicionales.
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Sin embargo, recordó que el Congreso, en marzo pasado, incluyó en el texto de la bicameralidad un “candado presupuestal”, lo que impedirá que se gaste más dinero con la implementación de las dos cámaras.
“Lo que sí pudiera generar es un impacto económico para la adecuación de las oficinas y salas de sesiones del Senado, pero todo ello sería cubierto con el presupuesto del Congreso, que no debería exceder del 0.6% del presupuesto público anual, que es el mismo gasto que actualmente representa el Congreso unicameral”, se lee en la ley del retorno de la bicameralidad.
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