Los congresistas Fernando Rospigliosi (Fuerza Popular), José Cueto (Honor y Democracia) y Alfredo Azurín (Somos Perú) presentaron presentaron una denuncia constitucional contra los cuatro fiscales supremos, incluyendo a la nueva fiscal de la Nación, Delia Espinoza.
La acusación tiene como argumento la aprobación de un reglamento para que el Ministerio Público siga realizando investigaciones preliminares, pese a la ley aprobada por el Congreso para entregarle esta facultad a la Policía Nacional.
En ese marco, la denuncia precisa que se les imputa los supuestos delitos de abuso de autoridad, prevaricato y falsedad genérica “por negarse a acatar la ley que devuelve la investigación preliminar a la policía”.
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Como se recuerda, el pasado 14 de octubre el Ministerio Público informó que había aprobado un reglamento a nivel de la Junta de Fiscales Supremos para dar instrucciones y uniformizar la investigación de delito “en coordinación con la Policía Nacional del Perú”.
Para llegar a dicha conclusión, recurrieron a una interpretación de la Constitución más allá de los cambios aprobados por el Congreso en la ley N° 32130.
Según los fiscales supremos, el diseño constitucional validado a nivel del Tribunal Constitucional señala que la conducción de la investigación del delito es exclusiva, desde su inicio, del Ministerio Público.
Al día siguiente, el Ministerio Público formalizó la publicación del reglamento en el boletín de normas legales de El Peruano con la resolución de Fiscalía de la Nación N° 2246-2024-MP-FN.
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