La propuesta recibió el respaldo de 10 legisladores, mientras que 4 congresistas la rechazaron y otros 10 se abstuvieron. Al empatar los votos a favor y las abstenciones, la presidenta del grupo de trabajo, Martha Moyano, utilizó su voto dirimente e inclinó la balanza en favor del dictamen.
La bancadas que respaldaron el dictamen fueron Fuerza Popular, Perú Libre Podemos Perú y Unidad y Diálogo, mientras que Renovación Popular, Alianza para el Progreso, Somos Perú, Bloque Magisterial y Acción Popular se abstuvieron.
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Según dijo, con su iniciativa solo está cumpliendo con corregir un vacío que ha advertido el Tribunal Constitucional (TC) en una sentencia emitida en el proceso de demanda competencial entre el Congreso y Poder Judicial.
¿Qué plantea el dictamen?
El dictamen precisa que el defensor del Pueblo cesará por “vencimiento del plazo de designación, una vez que haya sido elegido su sucesor, conforme a lo previsto en el artículo 2 de la presente ley”.
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Es decir, el mandato del defensor del Pueblo, que es de cinco años, podrán extenderse hasta que el Congreso realice el proceso de selección de su reemplazo en el puesto.
La actual normativa de la Defensoría señala que, en caso de impedimento temporal o cese del defensor del Pueblo, “este deberá designar entre los adjuntos al que lo representará en aspectos administrativos, hasta que asuma el cargo un sucesor seleccionado por el Congreso”.
La propuesta también señala que el defensor del Pueblo estará auxiliado por adjuntos que lo representarán en el ejercicio de las funciones y atribuciones previstas en esta ley.
“Los cargos de defensores adjuntos son de libre designación y remoción por el Defensor del Pueblo, observando el perfil y la idoneidad para el cargo, de conformidad a las normas de la materia. Para asumir el cargo se requiere haber cumplido 35 años”, se lee en la norma.
Actualmente los adjuntos son designados a través de un concurso público. De esta manera, Gutiérrez podrá elegir “a dedo” a sus adjuntos.
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