La congresista Norma Yarrow presentó un proyecto de ley que busca establecer una serie de medidas de protección para aquellas personas que denuncien casos de extorsión, robo o hurto, perpetrados de manera flagrante. El objetivo es asegurar que reciban un tratamiento preferencial desde el momento en que realizan la denuncia.
“La presente iniciativa atiende uno de los principales problemas relacionados con la inseguridad ciudadana, como es la víctima. Hoy en día las personas que son víctimas de robo, hurto y extorsión en situación de flagrancia, atraviesan un verdadero vía crucis, no solo por el delito sufrido en su contra, sino por el trato que reciben por parte de los operadores de justicia”, sostuvo la parlamentaria.
La legisladora señaló que cuando una víctima acude a la comisaría para denunciar un delito flagrante y dar su declaración, a menudo debe permanecer en la sede policial durante un tiempo mínimo de cinco a seis horas. En muchas ocasiones, este proceso se realiza en el mismo entorno donde se encuentra su agresor, lo que puede resultar altamente traumático y perjudicial para la víctima.
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Ante esta problemática, Yarrow Lumbreras propuso que los denunciantes puedan usar canales digitales para presentar sus denuncias, evitando así la necesidad de permanecer largas horas en la comisaría.
Además, sugirió que la víctima no debería permanecer más de dos horas en la comisaría durante el proceso de denuncia. También planteó que los datos de las víctimas proporcionados a la policía sean tratados de manera confidencial, con responsabilidad legal en caso de divulgación indebida.
“Las víctimas deben acudir en varias ocasiones para brindar su testimonio a nivel fiscal y judicial, revictimizándolas. En estas diligencias, debe reencontrarse físicamente con su agresor. Por lo tanto, quienes acuden a denunciar una extorsión, no son protegidos adecuadamente, dado que son expuestas con sus agresores, en la medida que estos son notificados de la interposición de una denuncia en su contra, brindándoseles los datos del denunciante”, alertó.
La representante de Avanza País, criticó que “las investigaciones en el caso de delitos en flagrancia y con detención no son céleres, y requieren de formalismos innecesarios para su éxito”.
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“Más aún, si de cada 100 delitos que se cometen, solo tres víctimas encuentran una respuesta adecuada de la justicia por parte del Estado. La impunidad repercute una vez más en la confianza ciudadana en las instituciones, debilitando la democracia y el Estado de derecho”, concluyó.
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