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Únete al canal de GestiónLos conflictos sociales son parte de la agenda del Ejecutivo. El Gobierno afirma que los tiene controlados, pero las cifras de la Defensoría del Pueblo muestran otra realidad.
Solo un dato: desde que el presidente Pedro Castillo llegó al Gobierno, los conflictos activos no dejan de escalar. En agosto hubo 139, en setiembre 142 y en octubre van 148.
El problema no está solo en los que hay, sino en los que se vienen. En el último reporte de la Defensoría se indica en la página 116 que hay 47 casos que pueden devenir en futuros conflictos.
“La Defensoría del Pueblo considera que hay hechos que muestran elementos iniciales de contradicción entre sectores de la sociedad, el Estado y el mercado”, reza el documento.
De estos 47 casos, 33 involucran actividades en las que participan empresas.
Cusco con ocho casos y Apurímac con seis lideran las regiones donde se debería poner más atención.
Se indica que el grueso de los posibles conflictos se desarrolla en el llamado corredor minero sur. Es más, la Defensoría del Pueblo ha mapeado la situación y ha identificado conflictos que alcanzan a las mineras Las Bambas, Hudbay en el caso de Cusco, y Perugia y Anabi, en Apurímac.
Responsabilidad
El Ejecutivo tiene a su cargo resolver 101 conflictos que involucran a empresas, mientras que los gobiernos regionales 21 y los municipios siete.
Precisamente, en el último reporte de la Defensoría del Pueblo se registran ocho nuevos conflictos sociales. De ellos, siete son socioambientales, es decir involucran a empresas. Entre ellos, figuran conflictos con las mineras Antamina, Raura, Antapite, Inkabor y la agrícola Caña Brava.
En este momento, hay 90 mesas de diálogo instaladas en el país, de las cuales 68 tienen participación de empresas. Además, hay cinco procesos de diálogo entre la población y los gobiernos regionales.
Empresas y datos
En este momento, hay 129 conflictos socioambientales, es decir que hay empresas en debate con la población. El informe señala que de estos casos, 84 están vinculados a compañías mineras, 25 al sector hidrocarburos y nueve a saneamiento.
De este grupo, se señala además que 63 conflictos mineros están activos, así como 23 de hidrocarburos.
Con cuidado
De igual forma, la Defensoría publicó una lista de 28 alertas, pues considera que hay hechos cuyo conocimiento anticipado puede permitir el manejo pacífico de un conflicto. Incluso, sostiene en su informe que estos casos “merecen una intervención prioritaria por parte de las autoridades competentes”. Nueve de los posibles conflictos se reparten entre Loreto y Piura.
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EN CORTO
- Voz interior. Las regiones con más conflictos son Loreto con 29, Cusco con 18, Áncash con 16 y Puno con 14. En el caso de Loreto, los 29 casos están activos. En el departamento de Cusco son 10, mientras que en Áncash y Puno son 11, en ambas regiones.
Comunidades nativas de Loreto a Pedro Castillo: La tolerancia tiene un límite
La Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) ha advertido que Petroperú pierde diariamente US$ 4 millones por la ocupación ilegal de sus unidades en Loreto y la paralización del Oleoducto Norperuano.
Al respecto, José Fachín, asesor y líder de la Federación de Comunidades Nativas del corredor petrolero de Loreto afectado por derrames de crudo, indicó que la población que se encuentra en el ámbito del circuito petrolero exige, desde hace años, que se resuelva la agenda de hidrocarburos.
“La Amazonía y Loreto han sido siempre excluidos de todas las políticas del Estado (...) La tolerancia tiene un límite. Hemos suscrito un pacto político con el Gobierno, pero no significa que él deba tratar así a los pueblos amazónico”, refirió.
Otro punto de la agenda -señaló- es lo referido al futuro, el plan de vida post petróleo. “Tenemos un plan para garantizar la vida de los pueblos frente a lo que se ha venido degenerando en esta acción de la actividad”, sostuvo en Exitosa Radio.
“Este no es un simple conflicto social. Frente a esto el Estado tiene que tomar en consideración que los gobiernos de los últimos 20 años se han dedicado a la persecución política y estigmatización de la agenda, a la represión policial”, agregó.
En ese sentido, dijo que este gobierno “del pueblo” no puede estar en este síntoma de dilatación.
