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La Procuraduría Ad Hoc del caso Lava Jato solicitó formalmente que los expresidentes Alejandro Toledo, Ollanta Humala y Pedro Pablo Kuczynski, junto a otro grupo de investigados en el marco del caso Olmos, vinculado a Odebrecht (hoy Novonor), paguen de manera solidaria la suma de US$ 181′843,150.29 por concepto de reparación civil en caso sean sentenciados.
La propuesta económica inicial de caución está incluida dentro del pedido de la Procuraduría para constituirse como actor civil en la investigación preparatoria seguida contra el exgobernador Regional de Lambayeque y expremier, Yehude Simon, y otros funcionarios.
Dicha solicitud fue aceptada el pasado lunes 22 de abril por parte de la jueza Soledad Barrueto Guerrero, titular del Décimo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional.
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La magistrada adoptó esta medida al determinar que la solicitud cumplió los requisitos procesales exigidos para su incorporación formal al presente proceso y rechazó las oposiciones planteadas por los abogados de los investigados.
En la resolución judicial la Procuraduría, a cargo de Silvana Carrión, dejó constancia que se reserva su derecho de poder variar o incrementar el monto de reparación civil fijado tanto por daño patrimonial como por daño extrapatrimonial
Esto será en función a que se acrediten más elementos de convicción que acrediten mayores daños generados al Estado peruano.
Todos los involucrados son investigados por la presunta comisión de los delitos de colusión agravada, cohecho pasivo, negociación incompatible, lavado de activos y pertenencia a una organización criminal.
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¿De qué se acusa a Toledo, PPK y Humala?
De acuerdo con la hipótesis fiscal, una presunta organización criminal se enquistó en el interior del Ejecutivo y del Gobierno Regional de Lambayeque a fin de cometer actos de corrupción favoreciendo al grupo empresarial brasileño Odebrecht para que se hicieran de las concesiones y obras públicas en dicha región. En este contexto, la pesquisa se centra en presuntos ilícitos cometidos en el marco de la Concesión Trasvase Olmos.
La Fiscalía advierte que Toledo, conjuntamente con sus entonces ministros Jaime Quijandría (Economía) y Francisco González (Agricultura) emitieron el Decreto Supremo N° 118-2003-EF. con la finalidad de exceptuar o exonerar de la fase de preinversión (SNIP) al proyecto Olmos.
Respecto a PPK, se le acusa de que, en su condición de ministro de Economía, estableció las condiciones financieras a considerarse en el concurso de Proyectos Integrales para la Concesión del Proyecto de Irrigación Olmos, en lo que respecta al cofinanciamiento del Estado en US$ 40 millones, sin contar con los requisitos establecidos en el artículo 7° de la Ley de Endeudamiento.
En cuanto a Humala, la Fiscalía lo investiga por haber otorgado, en el año 2012, recursos adicionales hasta por la suma de S/ 18′000,00 al Gobierno Regional de Lambayeque, liderado en ese entonces por Humberto Acuña Peralta. Este gobernador le solicitó dicho monto de dinero para financiar el pago del perjuicio económico y financiero de la Concesionaria Trasvase Olmos, por los retrasos en la ejecución del proyecto con el primer y segundo grupo de eventos.
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