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El Gobierno de Castillo evalúa tomar medidas luego que el Congreso -a través de la Comisión de Constitución- archivará el proyecto de reforma constitucional presentado por el Poder Ejecutivo para someter a referéndum la convocatoria a una asamblea constituyente que elabore una nueva Constitución.
Así lo afirmó el ministro de Comercio Exterior y Turismo, Roberto Sánchez, en diálogo con Exitosa. “El poder soberano constituyente de los ciudadanos no puede verse doblegado por el poder constituido, así lo reafirme o no el Congreso nacional”, precisó.
Al ser consultado respecto a que si van acudir al Tribunal Constitucional tras la decisión del Congreso de archivar la propuesta de un referéndum para una asamblea constituyente, el ministro dijo que “las medidas especificas y detalles, no estoy en condiciones de referirse cuál serán”.
“Pero estoy seguro de lo que corresponda, siempre el planteamiento del Gobierno será en estricta observancia al marco jurídico. Esa es la apuesta del Gobierno. En las horas siguientes seguramente se evaluará al respecto”, mencionó.
Como se recuerda el dictamen que archivo la propuesta de Castillo cuestionó que no se ha cumplido con identificar el análisis costo beneficio de la propuesta (referéndum para una asamblea constituyente) y que en la exposición de motivos existe ausencia de rigurosidad “por contener copias de textos no citados – plagios”.
También advierte “evidentes contradicciones” entre la propuesta para añadir el artículo 207 a la Constitución –referido a la creación de la figura de la asamblea constituyente– y las disposiciones transitorias del proyecto para realizar “un referéndum consultivo que no existe en la legislación nacional”.
“Este decreto lo que finalmente hace es poner fin a una situación de inestabilidad que se estaría generando hasta el año 2024 de acuerdo al cronograma presentado en el proyecto de ley”, señaló Juárez presidente de la Comisión de Constitución al finalizar la votación.
El planteamiento para archivar la propuesta se sustenta en que es “incompatible con la Constitución”, por lo que decreta su archivamiento “por ser contrario, a los principios y valores constitucionales establecidos por la voluntad del poder constituyente”.
Otro de los cuestionamientos del texto es que este proyecto plantea un quiebre de la cláusula de intangibilidad, algo prohibido por la misma Constitución de 1993 que el Gobierno plantea modificar para así viabilizar una asamblea constituyente.
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