El expresidente Alberto Fujimori siempre fue considerado una figura que polariza al país y en su lecho de muerte esto no fue la excepción.
El exmandatario murió a los 86 años de edad. Su deceso se produjo en la casa de su hija, Keiko Fujimori, ubicada en San Borja. Estuvo rodeado de sus familiares, nietos y dirigentes y congresistas de Fuerza Popular.
Fujimori, quien recientemente fue voceado como candidato presidencial con miras a los comicios del 2026, se encontraba delicado de salud debido al cáncer que padecía desde la época en la que purgaba prisión.
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En mayo pasado fue diagnosticado con un nuevo tumor maligno en la lengua y, pese a que unos meses después fue operado con éxito, su estado siempre fue de pronóstico reservado.
“Después de una larga batalla contra el cáncer, nuestro padre, Alberto Fujimori acaba de partir al encuentro del Señor. Pedimos a quienes lo apreciaron nos acompañen con una oración por el eterno descanso de su alma. ¡Gracias por tanto papá! Keiko, Hiro, Sachie y Kenji Fujimori”, escribió la excandidata presidencial en sus redes sociales.
El exmandatario también fue sentenciado por otros cuatro casos: el pago de la CTS a su exasesor, Vladimiro Montesinos, los congresistas tránsfugas, la compra de líneas editoriales, el allanamiento ilegal a la casa de Trinidad Becerra y los Diarios Chicha.
Se le impuso una reparación civil de S/ 57′000,000 por tres casos en concreto que, hasta ahora, no ha pagado. Es más, recientemente el Congreso autorizó que se le otorgue una pensión vitalicia de más S/15,000 mensuales, por lo que la Procuraduría Anticorrupción inició el proceso correspondiente para embargar dicho dinero.
Antes de su deceso, el exmandatario afrontaba un juicio oral y otros procesos judiciales por los que ya no podrá ser juzgado. En esta nota repasaremos de qué trataban esos casos.
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Caso Pativilca
Por estos hechos, la fiscal adjunta superior Elsa Delgado Pérez solicitó que se dicte contra el exmandatario y las demás personas 25 años de prisión efectiva, así como una inhabilitación para ejercer la función pública por el plazo de 5 años.
Además, planteó que todos los acusados paguen, de manera solidaria, una reparación civil de S/500,000 en favor del Estado y de las víctimas.
De acuerdo a la tesis fiscal, Fujimori, en su condición de presidente, “elaboró una política para la identificación y eliminación de presuntos terroristas”. Según señaló Delgado Pérez, los planes eran elaborados por Montesinos y ejecutados por el grupo “Colina”.
Dicho grupo paramilitar, al mando de Carlos Pichilingüe y Martin Rivas, perpetró un crimen el pasado 29 de enero de 1992, en la Pampa de San José y Caraqueño de la ciudad de Barranca (Lima), que terminó con la vida de seis campesinos: Jhon Gilber Calderón Ríos, César Rodríguez Esquivel, Toribio Ortiz Aponte, Pedro Agüero Rivera, Nieves Arias Velásquez y Felandro Castillo Manrique.
En la audiencia, Montesinos se acogió a la sentencia anticipada y fue condenado a 19 años y 8 meses de prisión, mientras que el exmandatario, antes de su deceso, cumplía una orden de impedimento de salida del país por el plazo de 9 meses.
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Esterilizaciones Forzadas
De confirmarse el pedido en segunda y definitiva instancia en Chile, el exmandatario podrá ser procesado en el Perú por la muerte de cinco mujeres campesinas en condición de pobreza que fueron esterilizadas sin su consentimiento.
Además, deberá responder por las lesiones graves registradas en más de 1,300 víctimas que dejó este programa que impulsó durante su gobierno.
La Fiscalía lo investiga como presunto autor mediato de estos delitos. En la pesquisa también están comprendidos los exministros Eduardo Yong Motta y Mariano Costa Bauer.
En diciembre del año pasado, la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia declaró fundada una demanda de amparo y, en consecuencia, declaró como nula la apertura de instrucción en el expediente que se sigue por este caso.
De esta manera, el Ministerio Público deberá de presentar una nueva formulación de denuncia penal por este caso; es decir, todo el proceso regresó a etapa de investigación preliminar, lo que configuraría un retroceso.
En su fallo, el tribunal dispuso que el caso regrese hasta la etapa de presentación de la denuncia penal; es decir, hasta marzo del 2019. Ahora, la Tercera Fiscalía Supraprovincial Especializada en Derechos Humanos e Interculturalidad deberá adecuar su acusación al Nuevo Código Procesal Penal (NCPP).
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Los otros casos pendientes
Los otros cuatro casos vinculados a Fujimori que, en primera instancia, fueron aprobados por la justicia de Chile a fin de que sean juzgados en el Perú son: el secuestro y asesinato de la familia Ventocilla, las ejecuciones extrajudiciales en el penal Castro Castro, las ejecuciones extrajudiciales en la embajada de Japón en Lima y el secuestro y tortura de los generales Arturo Moreno Alcántara y otros.
En tanto, la Corte Suprema de Justicia de Chile rechazó la solicitud para ampliar la extradición de Fujimori a fin de que sea juzgado en el Perú por tres casos en concreto.
Estos son: suministro ilegal y venta de armas a las FARC, la revelación de secretos de Estado y los pagos a Ernesto Schütz Landázuri, expropietario de Panamericana Televisión.
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Periodista egresado de la Universidad Nacional Federico Villareal, con especialidad en política, sociedad y análisis de datos. En el año 2017 ingresé al Diario Gestión y actualmente cubro temas judiciales y parlamentarios.