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Alberto Fujimori expondrá, este viernes 10 de mayo, sus argumentos de defensa frente al recurso de apelación que presentó el Ministerio Público, para que el expresidente afronte bajo detención domiciliaria -por 18 meses- el juicio oral que se le sigue por el Caso Pativilca.
Así lo determinó la Cuarta Sala Penal Superior Nacional Liquidadora Transitoria, al conceder el uso de la palabra al exmandatario por el espacio de cinco minutos y que, durante este tiempo, ejerza su autodefensa durante esta audiencia virtual a realizarse desde las 10:30 a. m.
El tribunal superior tendrá que analizar el recurso de apelación para que se revoque la resolución que emitió el juez Littman Ramírez Delgado el 31 de enero, en la que se declaró infundado el requerimiento que hizo para que se varíe el mandato de comparecencia simple que pesa sobre el exmandatario por detención domiciliaria e impedimento de salida del país por nueve meses.
En su resolución de programación de esta audiencia virtual, la sala superior resolvió declarar “inadmisible por extemporáneo” la solicitud que hizo la defensa legal de Fujimori para que este colegiado se inhibiera de ver este asunto por una supuesta falta de imparcialidad.
La defensa legal del expresidente mencionó que se emitieron fallos vinculados al otorgamiento de medidas de restricción de la libertad de su patrocinado en el presente caso, por lo que realizó esta solicitud.
La sala superior determinó que sobrepasó el plazo que tenía la defensa legal para interponer su solicitud de inhibición.
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Acusación a Alberto Fujimori en el ‘Caso Pativilca’
Actualmente, Alberto Fujimori afronta un juicio oral junto al exasesor presidencial Vladimiro Montesinos y los exintegrantes del Grupo Colina por la muerte de seis comuneros del distrito de Pativilca, el 29 de enero de 1992.
El Ministerio Público solicitó 25 años de prisión contra Alberto Fujimori y su inhabilitación por cinco años para ejercer el cargo público al ser acusado como presunto autor mediato del delito de homicidio calificado en la modalidad de asesinato con alevosía.
La Fiscalía asignada al caso también demandó que el exmandatario y sus coacusados paguen la suma de S/ 500,000 como reparación civil a favor del Estado y de los deudos de las víctimas.
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