Al menos nueve trabajadores murieron y 13 resultaron heridos en un ataque a las instalaciones de la minera Compañía Minera Poderosa, provincia de Pataz (en La Libertad), en el norte del Perú.
Ante ello, la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) expresó su condena y rechazo al ataque que sufrió la minera, por parte de mineros ilegales y delincuentes, que asesinaron a nueve trabajadores que cumplían labores de seguridad.
El acto criminal que se registró en la madrugada del último sábado, en el que los atacantes emplearon armas de fuego y explosivos, también dejó el saldo de otros 13 trabajadores heridos de la empresa minera aurífera, quienes vienen recibiendo atención médica en diferentes centros hospitalarios.
“La violencia desatada por mineros ilegales que, en complicidad con organizaciones criminales vienen implantando el terror en importantes zonas mineras del país, ha enlutado a la familia de la minería formal y este acto criminal no debe quedar impune”, expresó el gremio minero energético.
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¿Hecho aislado?
La SNMPE denunció que este hecho criminal no es aislado, pues desde el año pasado el campamento de Compañía Minera Poderosa ha sufrido una serie de atentados que ocasionaron la muerte de siete colaboradores y graves daños materiales.
El gremio minero energético manifestó que le preocupa el peligroso avance de la minería ilegal en todo el territorio nacional porque ha puesto en peligro la vida de las personas y la seguridad del país, además de atentar contra la biodiversidad, el ambiente, los derechos humanos y la salud de los peruanos.
“Los mineros ilegales en alianza con peligrosas organizaciones criminales se han convertido en un factor de inseguridad ciudadana, al haberse posesionado como la primera actividad ilegal en el Perú, superando al narcotráfico. No solo invaden concesiones y operaciones mineras, ahuyentando la inversión privada y la minería formal, ya que sus actos delincuenciales también ponen en riesgo la vida de los peruanos”, afirmó.
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La SNMPE exhortó al Gobierno a tomar las medidas que sean necesarias para restablecer el orden y el principio de autoridad en la provincia de Pataz y en otras, donde la minería ilegal pretende establecer “territorios liberados” y someter a la población mediante el uso de la violencia.
Asimismo, el gremio minero señaló que esta problemática se debe abordar de manera integral por las diferentes entidades del gobierno, con un marco normativo adecuado y políticas claras de lucha frontal contra la minería ilegal, así como con el fortalecimiento de las instituciones para que cuenten con los recursos y capacidades a fin de que realicen una adecuada fiscalización y trazabilidad de la cadena productiva.
