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El Gobierno de Perú promulgó este miércoles la Política Nacional Multisectorial de Seguridad Ciudadana al 2030, que plantea el accionar “articulado” que deberán tener los organismos públicos y privados para enfrentar los delitos y la violencia en el país andino.
La política fue refrendada por un decreto supremo publicado en el boletín de normas legales, en cumplimiento de las disposiciones constitucionales que establecen que el Estado debe “garantizar la plena vigencia de los derechos humanos, proteger a la población de las amenazas contra su seguridad y promover el bienestar general”.
En ese sentido, establece “abordar el problema de la seguridad ciudadana desde un enfoque multidimensional, holístico y sistémico para prevenir y controlar el delito y la violencia, con el único fin de poder garantizar la convivencia pacífica” en el país.
Para conseguir ese objetivo, indica que entre los cinco objetivos prioritarios estarán incrementar las acciones de la prevención de delitos y violencias, así como mejorar los servicios de seguridad ciudadana.
Además, reducir la victimización por delitos patrimoniales en espacios públicos, reducir la incidencia de delitos violentos y disminuir los delitos cometidos por bandas criminales.
Cada uno de estos objetivos tendrá sus respectivos indicadores, que deberán ser cumplidos mediante 33 estrategias, que, a su vez, contarán con actividades operativas que serán implementadas por 14 instituciones.
Se estableció que el cumplimiento de esta nueva política será obligatorio para todas las entidades del sector público, privado y de la sociedad civil, en cuanto les sea aplicable.
En ese sentido, el Ministerio del Interior será el ente rector del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, y tendrá a su cargo el seguimiento y evaluación de la política, mientras que las entidades del Estado serán responsables del cumplimiento de sus objetivos prioritarios conforme a sus atribuciones y competencias.
La implementación de las medidas y acciones asociadas será financiada con cargo al presupuesto de cada institución y de acuerdo a las competencias asignadas a cada entidad, sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público.
El decreto supremo estableció que el periodo de vigencia de la Política Nacional Multisectorial de Seguridad Ciudadana regirá hasta el 31 de diciembre de 2030.
Fue firmado por el presidente Pedro Castillo, por el primer ministro, Aníbal Torres, y por los ministros del Interior, Justicia y Derechos Humanos, Cultura, Desarrollo e Inclusión Social, Educación, de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Transportes y Comunicaciones, Trabajo y Promoción del Empleo y Vivienda Construcción y Saneamiento.
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