Perú perdió más de 200,000 hectáreas de bosque el 2020, la tasa más alta en 20 años

Según el Ministerio del Ambiente (Minam), entre el 15 de marzo, fecha en que se inició la emergencia nacional, y 15 de mayo de 2020, se identificó una deforestación acumulada de 7,119 ha de bosques, equivalente a 28.7 % menos de lo registrado en ese mismo periodo en el 2019 (9,981 hectáreas).

“A partir de ahí, parecía suponer que la deforestación, durante todo el 2020, seguiría la misma tendencia a la baja que se había visto en los últimos años, sin embargo, según Geobosques del Minam, la pérdida de bosques alcanzó una tasa de 203,272 ha, siendo la cifra más alta en los últimos 20 años, superando así a la del 2019 en 54,846 ha”, afirmó Isabel Gonzales, coordinadora del programa Cambio Climático y Bosques de Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR).

Asimismo, entre el 2001 y 2020 se han perdido 2′636,585 ha, siendo los departamentos de Loreto, San Martín, Ucayali, Junín, Madre de Dios y Amazonas los que concentran más del 77% de la pérdida de bosques del último año, de acuerdo al reporte de Geobosques del Minam.

De acuerdo con información del Minam, el 74% de la deforestación viene ocurriendo en áreas menores a 5 ha; asimismo, en comparación al 2019, en 2020 la deforestación en parcelas menores a 1 ha se incrementó en 8 puntos porcentuales. La agricultura itinerante de subsistencia sigue siendo el principal driver de la deforestación en la Amazonía peruana.

Según el Serfor, los ejes viales terrestres y fluviales están relacionados de manera directa e indirecta al 62% de la deforestación de la Amazonía.

“Es importante mejorar la gestión de la infraestructura vial con un enfoque de intervención temprana en el planeamiento y formulación de proyectos viales, pues así se podrá minimizar los impactos sobre los bosques. Además, se debe fortalecer el sistema de supervisión y fiscalización de proyectos de infraestructura vial, así como promover el fortalecimiento de capacidades institucionales en los diferentes niveles de gobierno”, afirmó Isabel Gonzales.

En opinión de la asociación civil DAR, la cifra de deforestación “significa un duro golpe a los esfuerzos de las instituciones estatales, autoridades regionales, iniciativas de la cooperación internacional, y otros actores clave en la lucha contra la deforestación y el cumplimiento de los compromisos climáticos”.

La especialista advierte que, pese al avance de la deforestación en la Amazonía, “hasta el momento las autoridades del sector y regionales, no presentan un plan de contingencia para evitar que esta tendencia se mantenga lo que resta del 2021 y en los siguientes años”.

Para DAR es importante que el gobierno tome medidas urgentes considerando que forma parte de la Declaración Conjunta de Intención entre los países de Perú, Noruega, Alemania y Reino Unido, que tienen un financiamiento comprometido para el país por hasta US$ 200 millones, de lograr reducir sus niveles de deforestación hacia el 2025 con un enfoque de pago por resultados.

Pedido al gobierno

Ante la preocupante situación que existe en la Amazonía peruana, la asociación Derecho, Ambiente y Recursos Naturales envió una carta al presidente Pedro Castillo (ver carta aquí) exhortándolo a continuar y reforzar las acciones en la lucha contra la deforestación.

En su escrito, DAR pide al gobierno promover la gobernanza de los recursos naturales para una mejor gestión equitativa y sostenible de las inversiones. Asimismo, exhorta asignar derechos sobre las tierras con el fin de darles seguridad jurídica y, de esa manera, evitar que las actividades ilegales en la Amazonía aumenten. Del mismo modo, recomienda ordenar la actividad agropecuaria en la Amazonía, evitando convertir más bosques en áreas agropecuarias, así como mejorar la productividad en las áreas deforestadas.

Con el fin de promover la transparencia de las inversiones en el sector, DAR propone al gobierno crear un espacio tripartito (gobierno, empresas y sociedad civil) de transparencia en infraestructura en el Perú.

DAR también pide fortalecer las competencias de las entidades involucradas en la lucha contra los delitos ambientales. En esa línea, demanda la formalización de la pequeña minería, reduciendo sus impactos.

En un extenso texto también pide al gobierno acciones de protección a favor de los defensores de derechos humanos y ambientales; promover el respeto de los derechos de los pueblos indígenas. Por último, exhorta al gobierno implementar mecanismos efectivos de seguimiento y monitoreo del cumplimiento de los acuerdos relacionados a la Consulta Previa.