Extensión de la aplicación de la pena de muerte sobre el tapete. Se ha presentado en el Congreso un proyecto de ley que reforma la Constitución para añadir más delitos graves que culminen con la ejecución del criminal.
A través del PL 9827/2024-CR, Alfredo Pariona Sinche (Bancada Socialista) pretende modificar el artículo 140 de la carta magna, el cual refiere que la pena capital se aplica solo por traición a la patria en caso de guerra y de terrorismo, conforme a las leyes y a los tratados de los que Perú es parte obligada.
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Con la reforma constitucional, se añadirá nuevos delitos para la pena de muerte: el narcotráfico, la corrupción de funcionarios públicos, la extorsión y la integridad de los niños y adolescentes.
“Se habilita al Estado peruano a iniciar el proceso de denuncia respecto del tratado que corresponda”, reza el documento presentado ante el Legislativo.
Pariona Sinche reconoce en su proyecto que si bien la Convención Americana de Derechos Humanos establece que nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente, la aplicación de la pena de muerte para casos graves “no es una arbitrariedad pues responde al principio de proporcionalidad y al deber del Estado de prevenir la comisión del delito”.
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Además, sostiene que si bien en 1978 se ratificó en el Pacto de San José que no se aplicará la pena de muerte a delitos no contemplados en su legislación interna, al tener los tratados sobre derechos humanos rango constitucional, “es preciso que la Constitución establezca expresamente el mecanismo o la vía para extender la pena de muerte a otros supuestos graves de los que hoy prevé su artículo 140″.
Ampliación de la pena de muerte en Perú: ¿es posible?
“Mientras no se abandone el Pacto de San José y sigamos bajo la competencia contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) no es viable la reforma”, dijo a Gestión el abogado José Naupari.
A pesar que el PL alega que los tratados sobre derechos humanos tienen rango constitucional y por eso se busca la reforma, el letrado señala que ello no enerva el hecho de que los tratados tienen un procedimiento de denuncia. Especialistas estiman que la salida del Pacto de San José toma, aproximadamente, dos años.
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