El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUSDH) informó que, en lo que va del año, el 0.2% del total de denuncias por extorsión provienen de los penales del país, lo que generó el traslado de 21 internos a cárceles de mayor seguridad.
De acuerdo con las estadísticas del sector, en 2024 se han registrado 15,384 denuncias por extorsión hasta el momento, mientras que en 2023 el 0.1% de los 19,305 casos reportados correspondieron a denuncias por extorsión. Ese año, 24 internos fueron trasladados a penales de mayor seguridad.
También señaló que proponer otorgar a las Fuerzas Armadas (FF.AA.) y a la Policía Nacional del Perú (PNP) el control de los penales es inconstitucional y, por lo tanto, inviable desde un punto de vista legal y operativo.
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Propuesta inconstitucional
El MINJUSDH recordó que el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) mantiene el principio de autoridad y el orden en los penales con agentes especialmente capacitados para esa labor.
En ese sentido, enfatizó que ni la PNP ni las FF.AA. tienen la formación profesional para cumplir con el mandato constitucional de resocialización, rehabilitación y reincorporación de los internos a la sociedad, como lo establece el numeral 22 del artículo 139 de la Constitución.
Precisó que los agentes del INPE poseen conocimientos en tácticas de seguridad penitenciaria y desarrollan prácticas permanentes bajo la supervisión de instructores.
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Personal especializado
El INPE cuenta además con el Grupo de Operaciones Especiales (GOES), cuya formación incluye el control y disuasión de situaciones de riesgo dentro de los penales, la contención de motines, y el traslado de internos.
Asimismo, los servidores penitenciarios están capacitados en la normativa vigente sobre derechos humanos y el uso de la fuerza en el contexto penitenciario.
El Minjusdh señaló que entregar el control de los penales a la PNP o a las FF.AA. implicaría revivir sucesos como los acontecidos en el penal “El Sexto” en 1984, cuando la Guardia Republicana, encargada entonces de custodiar los penales, fue superada por un grupo de delincuentes, poniendo en riesgo la seguridad del país.
De igual forma, puntualizó que los penales son centros de resocialización y que el INPE realiza grandes esfuerzos para devolver mejores personas a la sociedad, brindándoles talleres de trabajo, educación básica y técnica, y programas como Orquestando, Cero Analfabetismo y Cárceles Productivas, entre otros.
Finalmente, expresó que insinuar el fracaso del sistema penitenciario no se corresponde con el trabajo y esfuerzo del INPE en su rol constitucional de administrar los penales. No obstante, reconoció la necesidad de reforzar y fortalecer el trabajo conjunto en la lucha contra la delincuencia y el crimen organizado.
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