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Es necesario fortalecer la institucionalidad ambiental para atender temas urgentes, tales como el derrame de petróleo de Repsol; así lo sostuvo el ministro Modesto Montoya en entrevista concedida a Radio Nacional.
La solicitud de la delegación de facultades que presentará el Consejo de Ministros -ante el Poder Legislativo- busca optimizar el marco regulatorio en materia de Declaratoria de Emergencia Ambiental.
El proyecto de ley busca que el ente rector cuente con las facilidades logísticas y presupuestales para una atención efectiva ante emergencias de este tipo, sin requerir de demandas adicionales u otros mecanismos presupuestales que dilatan los plazos en situaciones que requieren respuestas rápidas.
Otro aspecto que requiere atención es la actualización del marco legal en materia de planes de contingencia, pues la ley vigente data del año 2005.
El titular del Ambiente consideró que con dicho ajuste, se lograrán instrumentos de gestión que permitan reducir y mitigar los impactos de los incidentes y evitar que estos tengan consecuencias catastróficas sobre el ambiente, la ciudadanía y las economías locales.
Por otro lado, el ministro señaló que en la propuesta del Minam también se plantean medidas para contar con instrumentos financieros como seguros o fondos fiduciarios que permitan que garantizar de manera oportuna las acciones de contención y remediación ante emergencias ambientales por parte de los operadores de la actividad económica.
El proyecto de ley para la delegación de facultades también destaca temas como el fortalecimiento de la justicia penal ante la ocurrencia de los delitos de contaminación ambiental, para mejorar los mecanismos para imputar responsabilidad penal a la empresas en materia ambiental y que dicha responsabilidad no sea sólo de orden administrativa.
Dicho proyecto también busca mejorar el marco normativo tributario para evitar que las empresas que contaminan el ambiente puedan deducir impuestos y recibir beneficios tributarios a partir de las acciones de limpieza, remediación y contingencia que son obligaciones establecidas en sus instrumentos de gestión ambiental y evitar que la sociedad asuma los costos ambientales como consecuencia de acciones negligentes.
