La Superintendencia Nacional de Migraciones dispuso el reordenamiento administrativo de los procesos críticos del Registro de Información Migratoria (RIM) y del control migratorio a nivel nacional, con el fin de fortalecer la prevención de riesgos de corrupción y promover la integridad, confiabilidad y transparencia en el ejercicio de la función pública.
La disposición, formalizada mediante la Resolución de Superintendencia N° 00310-2026-MIGRACIONES, establece la conformación de un equipo técnico de alto nivel, integrado por directores, jefes y ejecutivos de las áreas operativas, técnicas y administrativas de la institución.
El grupo tendrá un plazo de 60 días hábiles, contado desde su instalación, para desarrollar las actividades encomendadas y presentar un informe final que permita evaluar mejoras operativas, tecnológicas y normativas en todas las jefaturas zonales del país.
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Luis Pares Yunis Herrera fue designado como nuevo superintendente nacional de la Superintendencia Nacional de Migraciones. Foto: Andina.
Uso del polígrafo
Como parte de estas acciones, Migraciones solicitó la incorporación de sus inspectores y funcionarios en la programación de pruebas de control y confianza, incluido el uso del polígrafo.
Con ello, se busca identificar y mitigar posibles riesgos de corrupción, favorecimiento indebido y otras conductas que puedan comprometer la integridad de los servicios migratorios y la seguridad del país.
Declaración de bienes y rentas
Asimismo, se ha requerido a la Contraloría General de la República incorporar a los inspectores migratorios en la obligación de presentar la Declaración Jurada de Ingresos y de Bienes y Rentas, como parte de las medidas orientadas a reforzar la transparencia y la rendición de cuentas. De igual manera, se solicitó al Órgano de Control Institucional (OCI) y la Oficina de Integridad Institucional, fortalecer los mecanismos de supervisión, prevención y control, en el marco de su autonomía funcional y de las competencias que le corresponden.
Con estas disposiciones, Migraciones busca fortalecer sus mecanismos de prevención y supervisión, elevar los estándares de integridad institucional y garantizar procedimientos migratorios confiables, transparentes y seguros al servicio del país.
