La fiscalización del transporte público, el gran reto para evitar contagios en las zonas urbanas

Así, esta llamada convivencia, significará un mayor ritmo económico de las ciudades del país y con ello, una necesidad constante de transportarse. ¿Está preparado nuestro sistema de transporte público para evitar contagios en cada vehículo?

Por lo pronto, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), así como la Autoridad del Transporte Urbano (ATU), han emitido los distintos protocolos sanitarios para la circulación de taxis, buses, corredores, Metropolitano y Línea 1. Todos estos protocolos exigen constante desinfección, pero primordialmente, distancia social en cada una de las unidades vehiculares.

Por el lado del transporte formal, parece una tarea no tan complicada de cumplir, salvo algunos problemas puntuales. Sin embargo, gran parte de los viajes urbanos que se hacen en el país, y sobre todo en Lima, se realizan en el transporte informal: combis, cousters, colectivos. Es allí donde estarán a la deriva miles de unidades vehiculares que, en caso de no cumplir los protocolos y limitar la capacidad de pasajeros, se convertirán en nuevos focos infecciosos.

“Por ello, en tiempos o contextos de pandemia, la fiscalización se hace aún más relevante porque necesitamos mucha disciplina tanto los operadores de transporte público como los ciudadanos. La fiscalización se tiene que incrementar. No se trata de una fiscalización como en tiempos normales, sino debe ser permanente y con mayor recurso humano”, señala Alexandra Ames, Jefa del Observatorio de Políticas Públicas y Gestión Pública de la Universidad del Pacífico.

Ames comprende el transporte público formal tiene una limitación, principalmente en alcance, por lo que la ciudadanía no solo está obligada, sino también necesita movilizarse, y por tanto recurre al transporte informal.

“Es justamente importante de que los protocolos de fiscalización se incrementen en esta coyuntura. Tenemos una gran cantidad de flota que es informal, que necesita salir a trabajar y que no está alineada con la normativa que se entrega”, afirma.

Por ello, Ames plantea que esta potencial crisis se resuelva con una mejor gestión del transporte urbano, esto significa trabajar en base a información sobre los puntos principales de aglomeración en la ciudad para tener mayores unidades en las horas pico, pero sobre todo para fiscalizar que se cumplan con los protocolos sanitarios y con el distanciamiento social en cada viaje.

“La ATU debería tener información sobre cuáles son los paraderos y puntos principales de aglomeración en la ciudad. Se debería tener puntos de origen y destino sobre la mayoría de los destinos de los pasajeros. Se trata ordenar el transporte público de acuerdo a los horarios donde se requieren mayores unidades”, sostiene Ames.

Protocolos sin sanción

Sin embargo, a pesar de tener protocolos listos para el transporte público, el incumplimiento de estos no supone una falta administrativa ni un incumplimiento del código de tránsito, por ejemplo; por lo que no se han impuesto ni multas ni sanciones para quienes que falten a dicha norma.

Para Alfonso Flórez, gerente de Transitemos, la imposición de una multa no ayudaría a cumplir los protocolos, pues el espacio del transporte informal vive en una cultura del no pago de papeletas por lo que la situación, en tiempos de COVID-19, podría terminar de igual forma. Flórez es más severo y pide que la Policía y las Fuerzas Armadas viajen en cada vehículo de transporte público.

“Más importante que la sanción, porque aquí las multas no se pagan, es que para respetar la convivencia dentro de los buses, hay que poner un efectivo especializado dentro de cada unidad. En la época del terrorismo, iba un efectivo armado en cada bus de transporte público. ¿Por qué ahora no puede ser similar?”, sostiene Flórez.

A esta medida, el experto en transporte urbano le suma los horarios de ingreso escalonados al trabajo, una iniciativa que el presidente Vizcarra ya anunció en su último mensaje a la Nación. De lo contrario, asegura, el transporte público sería inviable durante la pandemia. “La única forma de bajar la demanda es con horarios diferenciados”, sentencia.

Flórez sostiene que, bajo esta modalidad en la que debe viajar un fiscalizador por vehículo, ATU no podrá abastecerse solo con sus 126 fiscalizadores. Teniendo en cuenta que la fusión de ATU con la Municipalidad de Lima no culminó, se deberían sumar un grupo mayor de fiscalizadores de tránsito que están en la comuna limeña. A pesar de ello, Flórez pide sumar a las fuerzas del orden.

“Es la única forma de que se haga cumplir. Se tiene que fiscalizar así y si es que hubiese que sancionar que se suspenda la ruta del chofer”, sentencia.

Por su parte, Ames considera que sí es viable el apoyo de las fuerzas del orden siempre y cuando se rijan bajo el mandato de un fiscalizador de ATU y no bajo sus propios criterios.

“Lo ideal es que la ATU cuente con sus propios recursos para poder ejercer esta labor de fiscalización. Sin embargo, estamos en una situación de emergencia donde la ATU por sí sola no se va a dar abasto y me parece importante que se pueda articular con algunas entidades del Estado para ejercer su labor de mejor manera. Sería importante que puedan brindar este apoyo siempre y cuando se remitan a las directivas que la ATU está encargando”, comentó.

Para Flórez, de Transitemos, el gran problema será el transporte informal, una gran masa incontrolable por el Estado y que, solo en el primer día de la llamada convivencia, ya empezó a desafiar los protocolos sanitarios, según las primeras imágenes que aparecen en las redes sociales.

¿Se convertirán las cousters y las combis en los nuevos puntos de contagios del COVID-19?