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El Instituto Nacional Penitenciario (Inpe) presentó una propuesta destinada a facilitar la colocación de grilletes electrónicos y contribuir al deshacinamiento de los establecimientos penitenciarios. La iniciativa es que estos dispositivos sean colocados de forma automática y obligatoria.
“Es un fracaso porque es facultad del juez disponer su colocación, si el juez no está dispuesto a otorgar el grillete electrónico, creemos que con una nueva ley podemos disponer ya no por facultad jurisdiccional sino que sea una colocación de acuerdo a los requisitos de ley, es decir, se colocan de manera automática si se cumplen determinadas condiciones”, dijo el jefe de la institución, Javier Llaque, en diálogo con TVPerú.
Indicó que la norma que regula los grilletes electrónicos tiene 13 años de vigencia y en la actualidad existen 106 colocados, por lo que esta iniciativa que busca acabar con el hacinamiento de las cárceles “es un fracaso”.
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En ese sentido, explicó a través de esta iniciativa se logrará llegar, en una primera fase, a colocar un total de 500 grilletes electrónicos.
Asimismo, precisó que se iniciará con aquellos procesados y condenados con penas bajas, como los vinculados en delitos patrimoniales, hurto y hurto agravado y quienes tengan penas no mayores de dos años.
Hacinamiento
El jefe del INPE también precisó que existen en el país un total de 91,500 personas privados de libertad, mientras que existe una capacidad para albergar a un total de 41,000 de ellos, con lo que existe un déficit de 50,000 espacios.
“Tenemos un ambicioso plan y proyectos de inversión viables, vamos a recurrir al Ministerio de Economía y Finanzas para solicitar el dinero para la construcción de seis megapenales para responder a este requerimiento”, detalló.
Además, adelantó que seguirán trabajando para que otros proyectos similares cuentes con expedientes técnicos, destinados a que los ejecuten las próximas gestiones en el sector.
Asimismo, adelantó que se reabrirá la Escuela Penitenciaria que se mantenía cerrada, con la finalidad de dotar mayor personal a los establecimientos penitenciarios.
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