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La comunidad indígena de la etnia wampís, asentada en la selva norte de Perú, pidió al gobierno de Pedro Castillo la conformación de una comisión multisectorial de alto nivel para combatir los crímenes ambientales, como la tala ilegal, que amenazan su territorio.
A través de un pronunciamiento, el Gobierno Territorial Autónomo de la Nación Wampís solicitó también que se reconozca el territorio integral de esta comunidad como “un órgano vital de los seres vivos” y que se anulen todos los permisos forestales existentes en él.
Asimismo, exigieron que se realicen intervenciones permanentes contra la tala y la minería ilegal en coordinación con los wampís y se instale una Fiscalía Ambiental en la provincia de Condorcanqui, en la región Amazonas.
Igualmente, pidieron que el Ministerio de Justicia active el mecanismo de protección para personas defensoras de derechos humanos para los pobladores wampís amenazados.
En ese sentido, plantearon a las empresas que “dejen de expandir sus proyectos mineros, de agroindustria, petroleros, madereros, pesqueros, construcción de carreteras” como vías de acceso a las principales cabeceras de las quebradas y territorios protegidos por los wampís.
El pasado lunes, el vicepresidente del Gobierno Territorial Autónomo de la Nación Wampís (GTANW), Galois Flores, declaró que necesitan que “se detengan todos los procesos de talas ilegales porque está generando un clima polarizado”.
Flores hizo un llamado al gobierno nacional a visitar su territorio que, conformado por 85 comunidades y unas 16,000 personas, abarca más de 1.3 millones de hectáreas en los valles de los ríos Santiago y Morona, entre las regiones selváticas de Amazonas y Loreto.
Según explicó, la región está siendo cada vez más afectada por la extracción indiscriminada de cedro, caoba y otros árboles por parte de organizaciones criminales que amenazan de muerte a los dirigentes del GTANW.
“Las maderas que se están llevando son de procedencia ilegal. Por ello las autoridades hemos recibido muchas amenazas de muerte por parte de los madereros y también mineros”, declaró Flores.
Además, el vicepresidente denunció que las mafias están reclutando a algunos integrantes del pueblo wampís, lo que “genera problemas sociales” entre paisanos.
En un documento, remitido el 17 de junio pasado al primer ministro, Aníbal Torres, los dirigentes de este grupo indígena alertaron que, en los últimos días, el conflicto con la tala ilegal “ha generado una situación tensa entre las comunidades que defienden el bosque y los madereros ilegales” y pidieron que las amenazas de violencia sean “frenadas por las autoridades”.
Solicitaron, también, que se active “de manera urgente el mecanismo de protección para personas defensoras de derechos humanos a favor de todas las autoridades” wampís.
