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El tránsito en tres puntos de la Carretera Interoceánica en Perú sigue interrumpido por los nueves días que lleva la huelga de productores cocaleros en el sur del país. Esta situación no solo ha generado desabastecimiento en las regiones de Madre de Dios y Puno; sino, también enfrentamientos entre los productores y transportistas.
Lo que piden los productores es que se les permita seguir cultivando la hoja de coca, pese a ser un cultivo ilegal en la mayoría de las zonas productoras. El alcalde distrital de San Gabán en Puno, Roger Larico, también solicitó al Poder Ejecutivo suspender la erradicación de la planta a cargo del Proyecto Especial de Control y Reducción de Cultivos Ilegales en el Alto Huallaga (Corah), pues el 60% de su población vive de su venta.
Sin embargo, para el analista en temas de narcotráfico Pedro Yaranga Quispe “no hay justificación para seguir plantando más hoja de coca en el país”, principalmente -según explicó- porque beneficia al narcotráfico, “y además, genera una alta contaminación ambiental por el uso de altas aplicaciones de insumos químicos que permiten tener hasta cinco producciones al año. Ello sin contar que para la producción de cocaína se utilizan otros insumos que luego van a parar al río”.
¿Industrialización?
De acuerdo a datos de la Oficina de Control de Drogas de la Casa Blanca (Estados Unidos) el Perú pasó de tener 72,000 hectáreas de hoja de coca en el 2019 a 88,000 hectáreas en el 2020. De este total, la Empresa Nacional de la Coca (Enaco) solo compra -según datos al 2019- a 1,809 hectáreas (1,357 toneladas), las cuales se destinan al consumo tradicional y otra parte, a su industrialización, entre ellos, de té filtrantes y envíos a la empresa química estadounidense Stepan Company.
Todo ello, pese a que la demanda por la hoja de coca para consumo tradicional (5.9 millones de consumidores) y fines industriales legales (1.3 millones) se incrementó entre el 2013 y el 2019 (según un estudio realizado por Devida y el Instituto Nacional de Estadística e Informática, publicado el 2020), por lo que se calcula que se requieren de entre 3,694.17 y 9,079.78 hectáreas de superficie cultivada de hoja de coca para cubrirla. Sin embargo, Enaco solo compra en 1,089 hectáreas.
“El resultado objetivo es que Enaco no puede canalizar aquella hoja de coca que está asociada a los productores empadronados (cultivos legales), lo que resulta un problema, pues hay más hoja de coca de la que se puede comprar y vender aun cuando el mercado requiere y demanda más”, concluye el Informe sobre Demanda de Hoja de Coca.
Pese a la brecha existente que podría cubrir Enaco, todavía quedarían casi 80,000 hectáreas que van a parar al narcotráfico. “Pretender industrializarlo todo, como lo han propuesto congresistas de Perú Libre (y el ministro del Interior, Luis Barranzuela), es una oferta desfasada y Evo Morales pasó 14 años intentándolo. Nada puede competir con los altos precios que ofrece el narcotráfico, hay que pararlo”, indicó Yaranga.
Según recordó, previo a la pandemia el narcotráfico pagaba S/ 200 por arroba de hoja de coca, mientras que Enaco pagaba menos de S/ 100 por el presupuesto limitado que tiene. En ese sentido, Yaranga enfatizó que la tarea del Gobierno es articular la lucha contra el cultivo ilegal, que debe ser encabezado por el Ministerio del Interior y apoyado por los gobiernos regionales y locales.
“Lo que se debe hacer es seguir sensibilizando a los productores sobre el impacto negativo de la masificación de la hoja de coca y fortalecer los programas de reconversión de cultivos. Y en los lugares donde solo crece coca, que también es cierto que los hay, identificarlos por zonificación económica, a través de los gobiernos locales, y que se les permita continuar sembrando pero de forma natural y orgánica”, señaló.
Detrás del paro
Al cierre de esta nota, ni la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) ni el Ministerio del Interior dieron algún pronunciamiento sobre el paro en el sur del país. Para Yaranga, esta situación reflejaría debilidad del Gobierno ante un “grupo táctico que ha sabido medir el impacto de sus bloqueos”.
Cabe indicar que el actual ministro del Interior (Luis Barranzuela), ha sido objeto de críticas por no tener una postura clara sobre la erradicación de la hoja de coca en el país. Pese a ello, la actual premier Mirtha Vásquez anunció a inicios del mes que la meta del 2022 es erradicar unas 18,000 hectáreas de hoja de coca con fines ilícitos.
¿Quiénes estarían detrás de las protestas? Aunque Yaranga evitó referirse a personajes concretos, indicó que el actual bloqueo le recuerda los paros protagonizados por Ollanta Humala previo a que sea presidente de la República. “Podrían ser exmilitares”, señaló.
