El Ejecutivo oficializó dos decretos legislativos orientados a sancionar penalmente a quienes faciliten cuentas bancarias y billeteras digitales para extorsiones, así como a respaldar a los ciudadanos que actúan en legítima defensa frente a la delincuencia. Ambas disposiciones fueron publicadas en la edición extraordinaria del boletín de Normas Legales del Diario Oficial El Peruano.
“La lucha contra la inseguridad es integral. Por un lado vamos tras el dinero ilícito de la extorsión que alimenta la violencia en nuestras calles y por el otro estaremos del lado de las víctimas que se defienden ante una agresión delictiva: quien actúa por supervivencia frente a un ataque no puede ser tratado como victimario”, manifestó Luis Galarreta, presidente del Consejo de Ministros.
¿Qué sanciones contempla el Decreto Legislativo 1744?
Mediante el Decreto Legislativo N.° 1744, el Ejecutivo modifica el Código Penal para sancionar a las personas que presten o faciliten sus cuentas bancarias y otros productos financieros para canalizar dinero proveniente de extorsiones.
Otro de los cambios apunta al control de armas de fuego. La norma establece sanciones para quienes eliminen o alteren sus números de serie, una práctica que dificulta su identificación y puede facilitar su incorporación al mercado ilegal. También castiga a quienes presenten denuncias falsas por robo o pérdida de armas ante las autoridades.
El Decreto Legislativo N.° 1743 introduce cambios en las reglas de legítima defensa y en los criterios que deberán aplicar fiscales y jueces. Foto: PCM.
El decreto incluye modificaciones a la Ley N.° 30096, Ley de Delitos Informáticos, para penalizar el acceso ilícito a plataformas informáticas. Asimismo, establece prisión efectiva para los extranjeros que, luego de haber sido expulsados del país, reingresen de manera irregular.
¿Qué cambia en las reglas de legítima defensa?
Por otro lado, el Decreto Legislativo N.° 1743 introduce modificaciones al Código Penal para fortalecer la protección legal de quienes actúen en legítima defensa ante una agresión.
Entre los principales cambios figura la presunción de que la persona que ejerce la defensa propia actúa racionalmente frente al ataque. En ese escenario, corresponderá al Ministerio Público demostrar lo contrario.
La disposición también elimina el criterio de proporcionalidad de los medios empleados para defenderse. Además, establece que los fiscales deberán disponer el archivo definitivo de los casos cuando se compruebe que existió legítima defensa.
En el ámbito judicial, los jueces estarán obligados a sustentar mediante una motivación cualificada cualquier resolución que descarte la aplicación de esta figura. El incumplimiento de esta exigencia podrá generar la nulidad de la decisión.
Con ambas disposiciones, el Ejecutivo busca endurecer la respuesta penal frente a las redes que financian actividades extorsivas y establecer mayores garantías para los ciudadanos que se defiendan de ataques contra su vida, la de terceros o sus bienes.
