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(Bloomberg/Reuters)
El Ministerio del Interior ordenó a la policía acudir al corredor minero del sur en medio de protestas encabezadas por comunidades que bloqueaban caminos a la mina de cobre Las Bambas de MMG.
“Con el fin de garantizar el orden público y el desarrollo económico de las regiones Apurímac y Cusco, el gobierno dispuso mayor presencia policial en el corredor vial sur”, informó el ministerio, reportó la agencia Bloomberg.
La comunidad Huancuire, del distrito de Cuyllurqui, provincia de Cotabambas (Apurímac) donde se planea explotar un segundo depósito de la mina de cobre Las Bambas operada por la compañía china MMG, se opone a la expansión de la mina, abriendo un nuevo foco de conflicto con una de las mayores mineras en el Perú.
Luego de una reunión el jueves poco después de que se anunciara el visto bueno del Gobierno para la expansión de Las Bambas, la comunidad Huancuire acordó que adoptará todas las medidas “legales y sociales” necesarias para evitar el desarrollo de un segundo tajo abierto de cobre llamado Chalcobamba.
La china MMG Ltd., que controla Las Bambas, dijo en la víspera que ejecutará Chalcobamba en el transcurso de cinco meses para comenzar a producir en la segunda mitad del 2022.
La compañía espera con el desarrollo del proyecto elevar su producción a 400,000 toneladas de concentrado de cobre al año en el mediano plazo, desde 380,000 toneladas.
Las Bambas produce el 2% del suministro mundial de cobre, mientras que Perú es el segundo productor global del metal.
“Somos enfáticos en señalar que no permitiremos, no toleraremos el inicio de operaciones en el inconsulto proyecto Chalcobamba”, dijo la comunidad Huancuire en un documento visto por Reuters y firmado el jueves por dirigentes de la zona.
Sin consulta previa
Huancuire señaló que el Ministerio de Energía y Minas (Minem) autorizó la construcción de Chalcobamba sin haber completado el proceso de consulta previa para desarrollar el proyecto.
Representantes del Minem no respondieron a las consultas de Reuters sobre el tema.
Las Bambas ha sido un constante foco de conflictos con las comunidades empobrecidas establecidas a lo largo de una carretera de 400 kilómetros que utiliza la empresa para transportar sus concentrados de cobre.
Las comunidades en la zona han protestado bloqueando la vía minera, acusando a la empresa de no mejorar su calidad de vida mientras el tráfico de los camiones contamina sus cultivos.
