La Defensoría del Pueblo, expresó su preocupación ante el escalamiento de los conflictos sociales en el departamento de Loreto, muchos de los cuales se manifiestan mediante el bloqueo de las vías fluviales. De acuerdo a información recogida por la institución, hasta el momento la región registra 32 casos, que representan el mayor número a nivel nacional.
Desde julio de 2024, el Sistema de Monitoreo de Conflictos Sociales de la Defensoría del Pueblo registra un conflicto social relacionado con demandas de la Federación de Comunidades Nativas del Bajo Tigre (Feconabat) hacia el gobierno nacional y el Gobierno Regional de Loreto respecto a la remediación ambiental, la implementación de un plan de desarrollo y un plan de cierre de brechas para las comunidades en la cuenca del río Tigre.
Tras una reunión inicial, en la que se logró deponer la medida de fuerza, se acordó continuar con el diálogo en una siguiente reunión. Sin embargo, en septiembre la Federación denunció mediante pronunciamiento público que no fueron convocados para la segunda reunión y exigieron la formalización del espacio de diálogo. Posteriormente, al considerar que hubo incumplimiento de los acuerdos, la Federación decidió radicalizar la medida de lucha con el bloqueo fluvial del río Tigre, que se mantiene hasta ahora.
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De otro lado, desde septiembre de 2020, el Sistema de Monitoreo de Conflictos Sociales de la Defensoría del Pueblo registra el conflicto social denominado “Bloque Urarinas”, entre cuyas organizaciones destaca la Asociación de Comunidades Nativas Kukama Kumamiria (Aconakku) del distrito de Urarinas. Inicialmente, se estableció una dinámica de diálogo para atender las demandas relacionadas a infraestructura en los sectores de salud, educación y transportes; así como servicios de agua potable y saneamiento, entre otros.
No obstante, en un pronunciamiento público del último 14 de septiembre, la Aconakku denunció el incumplimiento de los compromisos asumidos en reuniones sostenidas entre los años 2020 y 2024. Por lo tanto, exigieron sostener un nuevo diálogo con el Gobierno Regional de Loreto y el gobierno nacional en la comunidad nativa de Concordia, base de la asociación, para que se dé cuenta del estado del cumplimiento de los compromisos y se anunció el control territorial del río Urarinas como medida de protesta para exigir la atención a las demandas planteadas.
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Además, durante los meses de agosto y septiembre se registró una protesta en la provincia de Datem del Marañón, cargo de siete pueblos indígenas de este sector que exigen la creación de una Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) bajo la modalidad de Educación Intercultural Bilingüe (EIB), así como de una universidad intercultural, entre otras demandas.
La Defensoría del Pueblo realizó visitas de inspección en el establecimiento de salud de la provincia para salvaguardar los derechos de la población y participó en los espacios de diálogo. Si bien la medida de protesta fue atendida tras un diálogo con el viceministerio de Gobernanza Territorial y el Gobierno Regional, se han registrado semanas de suspensión de clases, lo que afecta el derecho a la educación de los niños y niñas de la provincia.
Asimismo, esta semana se ha alertado sobre el bloqueo de la pista de aterrizaje del aeródromo del Lote 192 por demandas relacionadas a una adecuada atención al sector educación en las comunidades aledañas; y el bloqueo del ingreso a la Universidad Nacional Autónoma de Alto Amazonas.
Tras estos acontecimientos, que atentan contra el derecho de la población loretana a vivir en un clima de paz social, la Defensoría del Pueblo exhortó a las comunidades a deponer las medidas de fuerza adoptadas, debido a la grave afectación a los derechos fundamentales que representa el bloqueo de las vías fluviales, que son las únicas vías de comunicación.
“En localidades cuya única vía de acceso es fluvial, que esta vía se encuentre restringida puede afectar el derecho a la salud, a la alimentación y educación, entre otros, más aún en medio de una crisis por la sequía de los ríos en la Amazonia loretana”, sostuvo el adjunto de Prevención de Conflictos de la Defensoría del Pueblo, Fernando Lozada Melgar.
El representante de la Defensoría del Pueblo reconoció los esfuerzos por propiciar el diálogo con las comunidades, que han sostenido la Presidencia del Consejo de Ministros y el Gobierno Regional de Loreto. Sin embargo, precisó que la percepción de incumplimiento de compromisos da lugar al escalamiento de conflictos encausados en procesos de diálogo, por lo que es necesario tomar acciones para garantizar el cumplimiento de los acuerdos a fin de que la población continúe priorizando la vía del diálogo como medio de atención de sus demandas.
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