La Defensoría del Pueblo reveló, durante la presentación del Reporte de Conflictos Sociales n.° 245, del mes de julio, que en dicho periodo se registraron 287 acciones colectivas de protesta, de las cuales el 61.3% fueron plantones o concentraciones y el 24.7% fueron marchas.
Los lugares que registraron las mayores cifras de protestas fueron Lima Metropolitana (45), Arequipa (34), Cajamarca (20), Piura (17) y Lambayeque (15).
Además, se registraron cinco personas heridas (tres civiles y dos policías) en el contexto de las protestas convocadas para el 27, 28 y 29 de julio en contra del Ejecutivo y el Congreso de la República.
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Conflictos sociales
De otro lado, la institución dio cuenta de 209 conflictos sociales registrados, 159 activos y 50 latentes hasta el mes de julio, lo que representa tres casos menos que el mes anterior.
Asimismo, agrega que, del total de conflictos activos, hay 88 en fase de diálogo, 41 en desescalamiento, 15 en fase temprana, 15 en escalamiento y ninguno en estado de crisis.
Con relación al mes anterior, se registraron cuatro casos nuevos en las regiones Apurímac, Lima Metropolitana y Loreto. De ellos, dos son de carácter socioambiental, uno por asuntos de gobierno nacional y uno por asuntos de gobierno local.
Además, se resolvieron tres conflictos en las regiones Apurímac, Cajamarca y Huancavelica, dos de los cuales fueron por motivos socioambientales.
De otro lado, con relación a la distribución territorial de los conflictos reportados, Loreto concentra la mayor cantidad de casos (34) que se desarrollan en un solo departamento, seguido de Cusco (21), Puno (18) y Apurímac (13). El total acumulado por estas regiones equivale al 41.1% de los conflictos sociales a nivel nacional.
En cuanto a la tipología, los conflictos socioambientales continúan siendo los más numerosos, con 114 casos (54.5%), si bien es la menor cifra de los últimos cinco años, los conflictos vinculados a la minería representan el 61.4%.
A estos les siguen los conflictos comunales, en el segundo lugar como más frecuentes, con el 12.0%; mientras que los conflictos por asuntos de gobierno nacional y por asuntos vinculados a los gobiernos regionales representan el 11.5% y 8.6%, respectivamente.
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Atención de conflictos
El reporte da a conocer también que, del total de casos activos, el 55.3% (88 casos) de los conflictos son atendidos a través de mecanismos de diálogo. De ellos, el 72.7% (64 casos) corresponde a casos socioambientales.
Además, se advierte que el 73.2% de los conflictos socioambientales vinculados a la actividad minera en estado activo se encuentran en fase de diálogo.
En atención a su intervención, la Defensoría envió a las instituciones del Estado, empresas y a la sociedad civil 17 alertas tempranas para que actúen de acuerdo a sus competencias y responsabilidades. Del total de alertas, cuatro fueron por casos nuevos, uno por un caso activo y 12, por casos en observación que pueden devenir en conflictos sociales.
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