Diecisiete personas fallecieron el pasado lunes 9 de enero en Juliaca, Puno, durante las protestas contra la presidenta Dina Boluarte.
“Lamentamos las afectaciones al derecho a la vida e integridad de las personas, entre ellas menores de edad, acontecidas como resultado de los enfrentamientos ocurriendo el día de hoy en los exteriores del Aeropuerto Inca Manco Cápac de dicha ciudad”, se lee en el documento publicado por la entidad en redes sociales.
Del mismo modo, la Defensoría recordó que la protesta es un derecho fundamental que debe ser ejecido de manera pacífica y sin afectar los derechos de otros ciudadanos. “La toma de aeropuertos, la agresión a otras personas -incluidas las fuerzas de orden-, impedir el desplazamiento de ambulancias y todas forma de atentado contra la propiedad pública o privada constituyen graves delitos”, añaden.
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Del mismo modo, recordó a los miembros de las Fuerzas Armadas (FF.AA.) y la Policía Nacional del Perú (PNP) que deben cumplir con las normas vigentes y los estándares internacionales sobre el uso de la fuerza.
Por su lado, el Ministerio Público debe realizar las investigaciones necesarias para identificar a los responsables de la pérdida de vidas humana y, afectaciones a la integridad personal.
Por lo que la Defensoría del Pueblo pide que el Estado garantice y proteja los derechos fundamentales de todas las personas. “Reiteramos que no corresponde a la PNP, ni a las FF.AA. recoger los conflictos que viene aconteciendo. Es deber del Gobierno Central y del Congreso de la República encontrar una salida realista y en un plazo razonable”, se concluye.