Crecen dudas sobre oposición del Gobierno a la importación de vacunas por privados

El último lunes, el ministro de Salud, Óscar Ugarte, sostuvo que las empresas privadas no están impedidas de importar y comercializar vacunas para el COVID-19, según la Ley N° 31091 promulgada por el actual Congreso. Añadió que estos posibles contratos no deberían entorpecer los que realiza el Estado para evitar dificultades en los acuerdos. Incluso, mencionó que de preferencia negocien con otros laboratorios.

Sin embargo, Antonio Pratto, miembro del Comando Vacuna, dijo a Gestión.pe, que si bien hoy es difícil que los privados consigan vacunas porque hay una oferta escasa a nivel global, en caso la haya no significará ningún inconveniente para el proceso de vacunación del Estado. Además, las empresas comprarán una menor cantidad de dosis.

“Una empresa privada negociará 200,000 dosis, no podrá competir con los 38 millones que adquiere el Estado. No interferirán. No es correcto decir eso. Conseguirán menos dosis”, indicó.

Otro argumento de Ugarte hacia los privados, es que no deberían saltarse el cronograma de vacunación planteado por el Gobierno y que si los privados importan vacunas éstas deberían aplicarse de acuerdo al cronograma de vacunación del Estado. Ante ello, Pratto mencionó que todavía no existe tal cronograma porque los acuerdos del Estado con las farmacéuticas para adquirir vacunas no están completados.

“Si no tienen el cronograma de suministro de vacunas es imposible hacer uno de vacunación tentativo como se ha hecho en México y Chile, que podría ir variando de acuerdo con la llegada de las dosis. De esa manera, una persona podría conocer en qué fecha le tocaría inocularse”, explicó.

Por ahora el Estado ha cerrado acuerdos con Sinopharm por 38 millones de vacunas, de las cuales solo 3 millones tienen fecha de llegada. También están las del laboratorio Pfizer que llegarán en el primer semestre y de AstraZeneca en el segundo.

Por su parte, Sandro Stapleton, presidente del Comité de la Salud y Ciencias Afines (Comsalud) de la Cámara de Comercio de Lima (CCL), dijo que la misión principal de los privados es conseguir vacunas para acelerar el proceso de vacunación y no “saltarse ninguna cola”.

“Hay quienes quieren vacunar a sus empleados, eso no es saltarse ninguna cola. No hay un cronograma específico, solo uno general. Primero van a vacunar a la primera línea, en esa lista se debería colocar la fecha, el nombre y apellido, DNI y la vacuna que se les aplicará, si es que tienen todo. Pero si no es así, de qué cronograma estamos hablando. No se entiende bien el mensaje que se quiere dar”, manifestó.

Agregó que lo ideal sería que el gobierno autorice que varias empresas puedan conseguir vacunas cuando no se tengan representaciones exclusivas. Por ello, es necesario empezar a “hacer la cola” para realizar los pedidos. “Por el momento, se están atendiendo contratos que empezaron en octubre y noviembre del año pasado”, sostuvo.

Advirtió que no todos los laboratorios poseen subsidiarias en el Perú, por ello es necesario que algunas empresas obtengan esta representación y las traigan, como funciona en todas las importaciones. El líder gremial indicó que esas condiciones pueden aprovecharse si el gobierno da luz verde para traer vacunas. No vaya a pasar lo que sucedió con las compras del Estado peruano, que están rezagadas respecto a otros países de la región como Chile, Argentina, México o Colombia.

Caso Rusia

Una de las opciones existentes en el mercado es la vacuna rusa Sputnik V. El embajador de Rusia en Perú, Igor Romanchenko, informó el viernes que ese país estaría dispuesto a negociar con empresas privadas y gobiernos regionales para el suministro de vacunas. Sin embargo, aclaró que ello dependerá de que el Gobierno autorice tal posibilidad.

Explicó que las negociaciones para la venta de vacunas al Perú se iniciaron en agosto, entre el Fondo Ruso de Inversión Directa de Rusia con el Ministerio de Salud y la Cancillería de Perú. De esa manera, se contempla el suministro de 20 millones de dosis para inocular a 10 millones de personas. Sin embargo, hasta la fecha no hay ninguna información al respecto de parte del gobierno peruano.

Esta declaración del embajador, reafirmada también por el primer vicepresidente del Congreso, Luis Roel Alva (Acción Popular), quien tuvo una reunión con Romanchenko, despertó dudas acerca de si el Gobierno le ha negado al gobierno ruso la posibilidad de que negocie con privados.

Por tal motivo, el legislador ha pedido información al Ejecutivo que demuestre que no han interferido en posibles negociaciones entre los rusos y las empresas privadas. Por ello, ha enviado oficios a la primera ministra Violeta Bermúdez y canciller, Allan Wagner, que aún no tienen respuesta. Roel Alva indicó que en caso las autoridades gubernamentales hayan dado esa instrucción, el Ejecutivo deberá precisar bajo qué marco legal puso esa restricción.

Pratto menciona que al Estado le conviene que se vacune la mayor cantidad de personas en el menor tiempo posible porque es una forma de controlar la pandemia.

Para que el Estado consiga vacunar al 60% de la población hasta julio, será necesario que lleguen entre 15 millones y 20 millones de dosis en abril y mayo para empezar a inocular se forma masiva. Pero ello es muy difícil con el actual ritmo, advirtió el representante del Comando Vacuna.

Negociaciones

Las negociaciones privadas para comprar vacunas se realizarán con la casa matriz de cada laboratorio que obtiene el registro sanitario por Digemid. De esa manera, se podrán importar las vacunas sin mayores inconvenientes y no será necesaria una garantía del Estado respecto al producto, otro de los argumentos de Ugarte para subrayar la dificultad de la compra de las vacunas por los privados. Sin embargo, en el caso de Pfizer, esta farmacéutica obtuvo el registro a través de su representación en Perú, mientras que Sinopharm lo obtuvo tras la participación del Estado, por lo que en ambos casos ya no es necesaria ninguna garantía adicional.

Al respecto, Stapleton señaló que el laboratorio que obtiene el registro sanitario asume las responsabilidades. “En Sinopharm es el Estado, en el caso de Pfizer, son ellos mismos. Quien tiene el registro sanitario normalmente es el responsable. No debería haber excepción, pero en el caso de las vacunas de fase III hay condiciones adicionales”, dijo.

Estas condiciones adicionales suelen ser un seguro para cada persona inoculada, pero ello dependerá de la negociación a la que se llegue. Finalmente, aseguró que los compradores privados no trabajarán con intermediarios, subsidiarias o distribuidores de las fábricas que producen cantidades adicionales para la venta de las vacunas, como también se argumenta para oponerse al pedido de los privados para comprar directamente vacunas.