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La Contraloría detectó -tras las visitas realizadas a 97 hospitales destinados para el tratamiento del COVID-19 entre el 21 y 24 de abril- que la emergencia sanitaria ha provocado una reducción de casi 30% en la capacidad de profesionales de la salud en los establecimientos, es decir, que en promedio atienden con el 74% de sus médicos, así como el 76% de sus enfermeras y el 72% de sus técnicos.
Durante el operativo, los auditores contabilizaron un total de 656 camas en las UCI para pacientes con COVID-19, de las cuales 445 estaban ocupadas.
Además se comprobó la existencia de 632 ventiladores mecánicos operativos, de los cuales 453 estaban ocupados.
Tomando en cuenta estas cifras, existen 211 camas UCI libres a la fecha de la visita y 179 ventiladores mecánicos libres, por lo que hay un déficit de 32 ventiladores mecánicos para cubrir la totalidad de camas UCI registradas en el operativo.
Sin embargo, también se detectó que 80 ventiladores mecánicos estaban inoperativos y cincuenta de ellos está en hospitales adscritos a los Gobiernos Regionales.
-Recursos humanos-
En materia de disponibilidad de recursos humanos en las UCI, se verificó que existen un total de 1,829 profesionales de la salud entre enfermeras especialistas en cuidados intensivo (701), médicos especialistas en medicina intensiva (294), técnicos en enfermería (767), tecnólogos especialistas en fisioterapia respiratoria (67).
Sin embargo, la normativa nacional de previsión de médicos necesarios para la atención de pacientes COVID-19 aprobada por el Ministerio de Salud y vigente durante la realización del operativo de control, exige un total de 2,581 para una adecuada y correcta atención de pacientes.
En ese sentido, en los hospitales visitados existe un déficit de 752 profesionales en las UCI COVID, principalmente de enfermeras especialistas en cuidados intensivos y médicos especialistas en medicina intensiva.
Sin embargo, se detectaron casos particulares de hospitales con superávit de profesionales que podrían ser transferidos a establecimientos de salud con déficit y necesidades de atención.
Otro hallazgo obtenido fue que de los 97 hospitales supervisados, en 66 establecimientos de salud se cuenta con choferes para ambulancias, mientras que 31 no tienen conductores para estos vehículos. En este aspecto se pudo verificar que hay hospitales que disponen de choferes para ambulancias pese a no contar con los vehículos.
Asimismo, de un total de 97 áreas de triaje para COVID-19 en los establecimientos supervisados, se verificó que 91 sí están debidamente diferenciadas, mientras que 65 establecimientos de salud no tienen sala de aislamiento con presión negativa, que es el método de contención del virus que puede tener un paciente al interior de una sala.
Todos los hechos identificados por la Contraloría fueron notificados en informes de orientación de oficio dirigidos a los responsables de cada establecimiento de salud, así como a instancias superiores del sector como son Ministerio de Salud, Essalud, PNP, FFAA y Gobiernos Regionales, con la finalidad de que se adopten, de manera prioritaria, las acciones que permitan revertir estos hechos que ponen en riesgo los servicios de salud, que son prioritarios en la actual coyuntura de emergencia sanitaria.
La Contraloría continuará supervisando y vigilando que estos hechos sean superados de manera adecuada, y posteriormente se realizarán servicios de control posterior para determinar si las situaciones adversas fueron corregidas y determinar responsabilidades en caso de no haberse corregido.
