CCL: “Las economías criminales amenazan las instituciones democráticas del país”

Expertos en seguridad y anticorrupción han señalado que el incremento de la inseguridad y el crimen organizado en el país se debe a la falta de inversión en la erradicación de cultivos de coca y a la ausencia de un plan integral para contrarrestar las organizaciones delictivas transnacionales.

Durante una mesa redonda organizada por la Comisión de Integridad y Lucha contra la Corrupción de la Cámara de Comercio de Lima (CCL), se coincidió en que estos problemas se agravan por la entrada de grupos criminales a través de las fronteras y la inacción estatal frente a actividades ilegales como la minería y el narcotráfico.

En el evento, titulado ‘Desafíos de las Economías Criminales al Estado de derecho: Perspectivas en América Latina y el Perú’, Hernán Lanzara, primer vicepresidente de la CCL, destacó que el tráfico de estupefacientes ha crecido notablemente, con un aumento del 76% en la superficie cultivada de hoja de coca y un 63% en la producción de cocaína entre 2018 y 2022.

“Estos problemas se ven agravados por factores endógenos como la pobreza y la falta de oportunidades económicas legales, así como por factores exógenos como la alta demanda de oro, cocaína y otros recursos naturales en el mercado internacional. Estas economías criminales socavan el Estado de derecho al debilitar las instituciones y fomentan la corrupción, pero, además, impactan negativamente al distorsionar el mercado y privar al Estado de ingresos fiscales necesarios para financiar servicios públicos”, explicó el representante del gremio empresarial.

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La inversión es insuficiente

Jaime García, director de la CCL, señaló que el presupuesto destinado a la lucha contra el narcotráfico es actualmente insuficiente. Informó que, mientras la inversión en erradicación de cultivos ilícitos alcanzó un máximo de US$ 191 millones en 2015, la reciente disminución de fondos ha coincidido con un aumento en los cultivos de coca.

José Ugaz, miembro de la Comisión, observó que la criminalidad organizada actual tiene un fuerte control territorial y una influencia significativa en el Estado, imponiendo su propia normativa a través de extorsiones y prácticas ilegales.

“Óscar Naranjo, uno de los policías más conocidos por la captura del narcotraficante Pablo Escobar, indicó que estas organizaciones generan efectos en la sociedad; uno de ellos es que imponen las reglas de comportamiento a los ciudadanos producto de las extorsiones y otras prácticas ilegales. También captan las instituciones y esto se ve claramente en el contrabando, la minería ilegal, la tala ilegal, el tráfico ilícito de drogas, entre otros”, dijo.

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Criminalidad transfronteriza

Víctor Hugo Guerra, director legal para la Prevención del Comercio Ilícito en Latinoamérica, indicó que Perú ha llegado a ser un punto clave para el comercio ilegal debido a sus fronteras con Bolivia, Colombia y Ecuador, que son rutas para los carteles de drogas y el oro ilegal.

David Luna, de la Coalición Internacional Contra las Economías Ilícitas (ICAIE), agregó que tanto en Perú como en Ecuador, la criminalidad ha aumentado por la expansión de la minería ilegal y el narcotráfico, destacando el papel de los gremios empresariales en evaluar el impacto de la inseguridad en los mercados.

Carlos Basombrío, exministro del Interior, identificó la minería ilegal como la economía criminal más grande en Perú, con una creciente participación de organizaciones transnacionales. Finalmente, Juan Carlos Buitrago, experto en seguridad nacional, destacó la importancia de fortalecer las instituciones, combatir la corrupción y fomentar la formalidad para enfrentar eficazmente estas economías criminales.