Al respecto, el vicepresidente de la Alianza Nacional de Transportistas, Julio Campos, indicó a RPP que este paro será multisectorial, ya que será acatado no solo por su gremio sino también por comerciantes de Gamarra, bodegueros, trabajadores de la pesca, entre otros.
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Según dijo, la medida de protesta no solo se desarrollaría en Lima y Callao, sino en todo el país.
“En estos momentos, todos los gremios se han sumado: los pescadores, los ambulantes, los mercados, los bodegueros, la sociedad civil, estudiantes, madres de familia (...) es por el derecho a la vida que se va a salir a marchar y paralizar este 10 de octubre”, indicó.
Si bien recordó que el paro será de 24 horas, advirtió que de no tener una “respuesta favorable” del Gobierno en sus demandas, se extenderá a 72 horas.
A su vez, recalcó que si el Congreso no deroga la Ley N° 32108, que modifica la definición del crimen organizado, el paro será de manera indefinida.
Le responde al vocero de la Presidencia
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Respecto a este cuestionamiento, Campos aseguró que la medida no responde a connotaciones políticas, sino solo al “derecho a la vida”.
“No puede ser que por defender el derecho a la vida, el gobierno pueda decir que (el paro) es político”, cuestionó.
El dirigente de los transportistas consideró que, con este tipo de calificativos, el Ejecutivo pretende desacreditar la medida que, según dijo, es netamente en rechazo a la ola de extorsiones.
“No puede ser que la vida valga dos soles”, aseguró refiriéndose al pago diario exigido por los criminales.
Finalmente, rechazó el proyecto de ley presentado por el Gobierno que busca crear el delito de terrorismo urbano. A su juicio, esta propuesta debe ser archivada, porque “ya existen leyes” que penalizan la extorsión y el sicariato.
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