Escribe: Enrique Castillo, periodista.
El Gobierno acaba de admitir que en realidad nunca tuvo un plan consistente y bien trabajado en materia de seguridad ciudadana. Porque si el ministro del Interior, Juan José Santiváñez, recién reclama que no tenemos ni armas ni policías que hagan frente a la delincuencia, y el ministro de Defensa sale recién a decir que la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas tienen que coordinar un plan para patrullar conjuntamente en el marco de una declaratoria de emergencia; eso significa que, como ya era obvio y notorio, solo hemos tenido improvisación y justificación.
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El problema es que hemos perdido centenares, sino miles, de valiosas e inocentes vidas; recursos humanos mal utilizados o sacrificados en una lucha sin buena dirección que ha dado muy pocos resultados; recursos económicos de parte del Estado y de un sector privado (negocios y familias) que han visto desvanecer sus inversiones o destruir total o parcialmente sus propiedades; confianza en la capacidad del Estado de cumplir con una de sus principales funciones que es dar seguridad; y espacios o territorios en los que las organizaciones criminales tienen hoy una enorme capacidad de maniobra.
El fuerte avance de la delincuencia no se inicia con este Gobierno. Desde gestiones gubernamentales anteriores hemos visto la aparición de organizaciones criminales que empezaban a manejar lucrativos delitos sin que muchos de los gobiernos anteriores o de los exministros y exdirectores de la PNP que hoy aparecen como críticos en los medios de comunicación, quisieran o pudieran hacer algo para erradicarlas o controlarlas.
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Pero es en este Gobierno en donde la situación se ha vuelto ya casi incontrolable, y en donde las extorsiones, los asesinatos, las explosiones, los ataques a locales y casas, los disparos a unidades de transporte, se cuentan por decenas cada día. Es en este Gobierno donde la relación Ejecutivo-Fiscalía ha llegado a su nivel máximo de enfrentamiento y de descoordinación. Es en este Gobierno, y con este Congreso, en el que se han dado las más cuestionables y contraproducentes normas en materia de lucha contra la delincuencia.
Y, lamentablemente, es en este Gobierno en el que desde el Ejecutivo y sus principales voceros se lanzan discursos triunfalistas y de satisfacción con las acciones gubernamentales.
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La presidenta Dina Boluarte ha respaldado, abierta y destacadamente, no solo las acciones sino a las personas que conducen la lucha contra la criminalidad, a pesar de los magros resultados y de la desesperación de la población. ¿Por qué?, es una pregunta que todos nos hacemos, y cuya respuesta sospechamos, pero no sabemos con exactitud.
Es absolutamente necesario un cambio de personas (varias), diagnóstico, políticas, actitudes, estrategia, logística, recursos. Pero, para ser realistas, es muy difícil que esto se de en lo que queda de este Gobierno.
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En primer lugar, es muy difícil que se cambie al ministro del Interior en los próximos días. Y si se le cambia, lo más probable es que su reemplazo sea recomendado por él, o forme parte del círculo que rodea (y protege) a la presidenta y/o al actual ministro del Interior y a los altos mandos actuales de la PNP, con lo que se cumpliría aquello de que algo cambie para que nada cambie.
Para que haya un verdadero cambio en la lucha contra la criminalidad, tiene que haber un verdadero cambio en las prioridades, en la actitud, y en las decisiones de la presidenta. Y después de escucharla en Davos señalando que vivimos con tranquilidad política, económica y social, y que la criminalidad es un fenómeno global; y después de ver como siguen saliendo las revelaciones de Qali Warma; hay muy pocas esperanzas que ese cambio se produzca.
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En segundo lugar, porque la situación es tan grave que requiere de verdaderos y comprometidos especialistas; cercana y confiable coordinación con la Fiscalía y el Poder Judicial; racionalización y depuración en la PNP, Fiscalía, y el Poder Judicial; disposición y decisión para dotar a la PNP de los recursos que necesita; integridad y honestidad en el manejo de los recursos, áreas, y la adquisición de pertrechos; cambios en la política migratoria y carcelaria.
¿Es posible que solo un cambio del ministro del Interior logre todo esto o ponga las bases en lo que resta de este Gobierno, sabiendo cual es la situación de la presidenta y de varios de sus ministros y funcionarios?
Pedir solo la renuncia del ministro del Interior no nos lleva a nada. Es necesaria pero no suficiente. Lo que hay que pedir es una reacción inmediata y un cambio total de la política general del gobierno en materia de seguridad, y eso pasa por el cambio de actitud de la Presidenta, la salida del Premier, que ha hecha suya la actual “política”, y de todos los funcionarios responsables.
El tercer tema es el de los reemplazos. ¿Quién o quiénes con capacidad, idoneidad, profesionalismo, liderazgo, y con un equipo detrás van a querer asumir la responsabilidad para enfrentar el problema y hacer retroceder a la delincuencia? Hasta hora, los remedios han sido peores que la enfermedad. Alguien puede decir que después de Santiváñez cualquiera es mejor, y puede ser verdad, pero no se trata de buscar al menos malo. Ya no estamos para eso.
Y esta pregunta vale para el actual Gobierno y para los que pretenden dirigir el país después de las próximas elecciones.
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