La semana pasada trajo varios eventos que nos hacen pensar dónde deberíamos poner las prioridades en materia de política laboral. Lo primero fue el Decreto Supremo cambiando las reglas de la tercerización laboral para supuestamente proteger los derechos de aquellos que hoy tienen un contrato laboral formal, pero, que, a juicio del ministerio, deberían tener más derechos. La realidad ha demostrado que modificaciones legislativas en el mismo sentido en países vecinos terminaron por convertir contratos formales en informales; es decir, desprotegiendo a los trabajadores, y mientras esa discusión ocurre hay otra que se nos está pasando por el costado hace años.
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