
Escribe: Luis Miguel Castilla, director ejecutivo de Videnza Instituto
La reconstrucción económica de Venezuela depende de la recuperación de su industria petrolera. Suena lógico en una economía que siempre vivió alrededor del crudo. Pero esa realidad es, también, la trampa que ha bloqueado el progreso venezolano en cada ciclo de bonanza. Hoy, con la hipótesis de una tutela estadounidense sobre el proceso político y económico, y con el presidente Donald Trump alentando una reactivación petrolera con especial participación de grandes empresas estadounidenses, es importante advertir que no existe reconstrucción petrolera sostenible sin reconstrucción institucional. Y, claramente, lo segundo es más desafiante que lo primero.
Referentes venezolanos lo han expresado con contundencia. Para Ricardo Hausmann, profesor de la Universidad de Harvard, la paz y la prosperidad de Venezuela dependen del restablecimiento de la democracia y la reconstrucción de instituciones, no de un “atajo” petrolero. Su argumento central no es ideológico, sino económico: el recurso genera renta, pero también puede intensificar la corrupción, la captura del Estado y fragilidad macroeconómica si la política no garantiza credibilidad. Francisco Monaldi, experto energético de la Universidad de Rice, coincide desde el terreno operativo: recuperar producción requiere tiempo, capital masivo y condiciones contractuales creíbles. Es evidente que las compañías mirarán la estabilidad política y el marco contractual antes de comprometerse, aun si el “apetito geopolítico” aumenta.
Y aquí comienza a imponerse la realidad: la recuperación petrolera puede ser larga. La industria venezolana necesita reconstruir una red integral que incluye refinerías, oleoductos, almacenamiento, control operacional, entre otros. Según expertos, incrementar un millón de barriles diarios podría demandar alrededor de USD 100,000 millones de inversión. Es decir, incluso con tutela estadounidense, licencias, garantías políticas y tecnología, los cambios no se darán en el corto plazo. La Agencia Internacional de Energía ha advertido que aumentar la producción en Venezuela generaría ganancias limitadas en el corto plazo, justamente por la degradación de infraestructura y la necesidad de inversiones sostenidas.
¿Cuánto tardaría Venezuela en recuperar niveles prechavistas? Según expertos, una década o más en un escenario optimista. Porque, incluso si el petróleo escala de 0.8–1.0 millones barriles por día (bpd) hacia 2 millones bpd, el país no volverá automáticamente a su antigua capacidad estatal. Necesita reinstitucionalizar justicia, gasto público, calidad regulatoria, gobernanza y un mercado laboral formal. Y eso tiene su propio “tiempo de maduración”, que rara vez baja de entre 8 y 12 años en reconstrucciones profundas.
La lección que no puede perderse de vista es que el “socialismo del siglo XXI” no fracasó solo por una perversa administración; fracasó porque sustituyó instituciones por rentismo y captura política. En lugar de construir un Estado de contribuyentes, estableció un Estado clientelar que todavía persiste. En economías como la venezolana, cuando el precio del petróleo cae o la producción colapsa, aparece una cruda realidad: subsidios insostenibles, corrupción estructural, dependencia externa y una ciudadanía desprotegida. Venezuela fue el caso extremo, pero la lógica es exportable: cualquier modelo que crea que “la justicia social es un barril bien distribuido” termina frágil, polarizado y, en última instancia, autoritario.
Pese a todo lo anterior, la tutela estadounidense tampoco garantiza los cambios que el país llanero requiere. La coyuntura actual sugiere, por ahora, que Washington no busca solo estabilizar: busca controlar y capturar el flujo petrolero como eje estratégico hemisférico. Esto podría abrir un riesgo geopolítico evidente, porque cuando la reconstrucción se diseña como tutela, el margen de soberanía económica se reduce. Trump ha sugerido que “se decidirá qué compañías entran”, y ha empujado inversiones masivas. Pero el propio mercado advierte límites: las promesas de millonarias inversiones estarán condicionadas a que se implementen reformas profundas y se establezca, como mínimo, un régimen de protección de inversiones y resolución de controversias. La agenda futura es compleja, y requerirá de mucha voluntad política y de ingentes recursos financieros.
¿Qué significa todo esto para el Perú?
La respuesta abarca tres esferas: energía, migración y geopolítica económica. Primero, la energética. Si Venezuela logra aumentar exportaciones, el efecto sobre los precios globales sería gradual, pero podría suavizar diferenciales de crudo pesado y aportar estabilidad a mercados regionales. Para el Perú, eso implica algo concreto: menos volatilidad en la oferta de combustibles.
Segundo, migración. Si Venezuela recupera empleo, seguridad y servicios, puede cambiar el flujo migratorio regional. Y esto importa porque los migrantes venezolanos ya son parte del tejido económico peruano: para 2024, la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) estimó que su contribución al Perú alcanzaba aproximadamente USD 530 millones. Si el flujo se frena o revierte parcialmente, el Perú podría sentir cambios en oferta laboral, informalidad y consumo. Esto será un proceso gradual.
Tercero, geopolítica. Una Venezuela reabierta bajo ascendencia estadounidense consolidaría una nueva política de “patio estratégico” en el hemisferio occidental. Para el Perú, el riesgo no es solo diplomático; es económico. Una región donde Estados Unidos vuelve a intervenir directamente en recursos y rentas puede generar oportunidades (estabilidad, inversión), pero también tensiones (condicionalidad, alineamientos, presión sobre políticas internas).
En suma, la reconstrucción de Venezuela con presencia de Estados Unidos puede destrabar inversión y acelerar el arranque petrolero, pero el horizonte de volver a niveles prechavistas será, en el mejor caso, una década de reformas sostenidas. La verdadera lección para el Perú —y para América Latina— es que los países no se reconstruyen con rentismo y autoritarismo, sino con instituciones sólidas, y con menos demogagia y populismo.







