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Luego de guardar silencio mientras la crisis de Ucrania convocaba, hace menos de un mes, a reuniones cimeras entre Estados Unidos y Rusia, fomentaba encuentros políticos entre la potencia eurosiática y las grandes organizaciones de seguridad y de cooperación occidentales y estimulaba esfuerzos diplomáticos euro-rusos de alto nivel, el gobierno ha hecho público, finalmente, su rechazo a la agresión armada rusa contra Ucrania.
Ese posicionamiento, sin embargo, se ha adoptado en el marco de una Declaración de los Estados Miembros de la OEA. Ésta ha condenado la “ilegal e injustificada” invasión rusa de Ucrania, rechazado el reconocimiento ruso de las “repúblicas” de Luhansk y Donetsk, impugnado la operación militar rusa, llamado al cese inmediato de hostilidades y al retorno de conversaciones para resolver la controversia.
Ese pronunciamiento, que señala también los principios internacionales violentados y sugiere un curso de acción, renueva el valor de la práctica plurilateral en América en búsqueda de resultados concretos quizás equivalentes a los de la crisis de 1962. Y también agrega influencia a los Estados americanos al tiempo que permite a potencias menores encontrar el valor necesario para expresarse con la energía y la precisión requeridas a propósito de grandes crisis sistémicas. Y, en este caso, hacerlo en coincidencia con los Estados occidentales que reaccionan contra la agresión por la vía de la coerción económica.
Para el Perú el pronunciamiento tiene un valor adicional en tanto que le permite participar un diagnóstico colectivo de la crisis desligándose de la influencia de socios gubernamentales disfuncionales (como Bolivia y Nicaragua) y de potencias regionales (Argentina y Brasil) que, por razones distintas y erradas, se negaron suscribieron la Declaración.
Este paso adelante podría conducir también a una recomposición del sistema interamericano al tiempo que da pie, en el Perú, a un saludable divorcio entre los intereses nacionales del Estado en situaciones externas críticas y los de un gobierno de precario sustento y de escabrosas preferencias bolivarianas.
Esta eventualidad, que podría implicar una restauración de la diplomacia multilateral peruana, podría ejercerse adicionalmente hoy en el marco de la reunión de la Asamblea General de la ONU que se realiza para evaluar, colectivamente, la muy grave crisis generada por Rusia.
Esa reunión tendrá como insumo necesario un borrador de Resolución del Consejo de Seguridad sobre la crisis que hacía referencia a la violación rusa de los principios sobre no uso de la fuerza y respeto a la integridad territorial de los Estado y a la demanda de inmediato cese de fuego y retiro de las tropas extranjeras de Ucrania. Aunque la Resolución fue vetada por Rusia (mientras China, India y Emiratos Árabes Unidos se abstenían) ésta parece haber ilustrado a la Declaración hemisférica referida.
En ese contexto, la potencial recuperación de la diplomacia multilateral peruana sigue, sin embargo, divorciada de nuestra capacidad de influencia tan disminuida desde el 2008.
Más aún cuando a la fragmentación regional producida por los países bolivarianos (y profundizada por el gobierno del Sr. Castillo) se añade ahora la generada por Argentina y Brasil. Estas potencias regionales han reiterado, con su no adhesión a la Declaración hemisférica, un extraño reforzamiento de la cooperación con Rusia mediante las visitas realizada por sus presidentes a Moscú cuando la invasión a Ucrania estaba por iniciarse. América está plagada de estos alineamientos disfuncionales que la diplomacia peruana puede ayudar a sanear en la medida de que se atenga a los intereses nacionales permanentes, registre bien los variables y se desligue de los creados por un gobierno incompetente y corrupto.
De otro lado, esa eventual recuperación de intereses nacionales multilaterales tiene hoy, es verdad, sólo un fundamento retórico. Pero éste al menos se deja medir (indicando evolución) cuando se compara la Declaración hemisférica con los dos pronunciamientos nacionales emitidos antes y después de la invasión rusa.
En el primera caso, el Comunicado de Cancillería de 18 de febrero (temeroso antes que prudente al punto del ocultamiento de los hechos), apenas expresaba la preocupación peruana por la crisis emergente. Esa generalidad rondó el artificio en tanto que los fundamentos de la crisis se describieron sólo como una diferencia de percepciones. A favor de ese Comunicado, sin embargo, se puede mencionar la claridad sobre el marco jurídico en que aquélla debía resolverse (los acuerdos de Minsk sobre separación de fuerzas y armamento y la Resolución 2202 del Consejo de Seguridad sobre la implementación de esos acuerdos). A pesar de sus vacíos, ese pronunciamiento era mejor que seguir manteniendo silencio como venía ocurriendo.
En el segundo caso, la Cancillería se atrevió por lo menos a mencionar los principios vulnerados durante la crisis (los mencionados en la Declaración hemisférica) pero sin señalar responsables y sólo siguiendo, en abstracto, los pronunciamientos del Secretario General de la ONU y planteando genéricamente la necesidad de una solución integral al conflicto. Esta vaguedad, que sin embargo mejoraba los términos del Comunicado anterior, se publicó el 24 de febrero cuando la invasión rusa ya se había iniciado y su crueldad podía seguirse por TV.
Si la OEA ha proporcionado hoy a la diplomacia nacional la posibilidad de expresarse con mayor claridad al respecto, el Perú debe insistir nacionalmente en ese cauce.
Ese esfuerzo puede empezar por hacer conocer a Rusia, ya en términos bilaterales, el punto de vista nacional sobre los perjuicios sistémicos que está generando, los daños que éstos causarán al Perú y la necesidad de que esa potencia cambie su conducta para recuperar su posición en el mundo.
Mientras tanto, para limitar el perjuicio y recuperar el rumbo, el Perú debe adoptar alineamientos pro-occidentales y recaudos colectivos como los expresados en la OEA y los que se definirán hoy en la Asamblea General de la ONU.
