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Directora de WCS Perú
El tráfico de animales silvestres es uno de los comercios ilegales más lucrativos y moviliza entre US$ 5,000 millones y US$ 23,000 a nivel mundial. En el Perú no es un tema nuevo; ya en la primera mitad del siglo pasado se exportaban toneladas de partes de animales de la Amazonía hacia Europa para el mercado de la moda, con fines decorativos o como mascotas. Solo en 2019 más de 6200 animales vivos de origen ilegal fueron recuperados por las autoridades en 17 departamentos del país. Este año, por ejemplo, se intervino un cargamento de ranas del Titicaca con más de 1700 ranas vivas con destino a Lima para ser consumidas como alimento. Y estas cifras sólo muestran lo que se pudo incautar.
Según el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (SERFOR), en el Perú existen por lo menos 100 zonas de venta ilegal de fauna silvestre donde las escenas de aves asfixiadas o puestas en botellas; reptiles disecados o instrumentos musicales hechos de caparazones son de las más comunes. Solo en 2020 se comercializó ilegalmente unas 200 especies de animales, terrestres y acuáticas en su mayoría provenientes de la Amazonía.
El tráfico ilegal de fauna silvestre no sólo es la segunda causa de pérdida de biodiversidad en el Perú (la primera es la reducción de hábitats) sino que también es un problema de salud pública. Sacar animales silvestres de su hábitat natural es una potencial fuente de transmisión de enfermedades a los humanos. La COVID-19 nos ha hecho aprender a la fuerza que cuando se extraen, transportan o almacenan animales en pésimas condiciones sanitarias, estamos arriesgándonos a generar una enfermedad zoonótica, es decir enfermedades que pueden transmitirse de los animales a los humanos y viceversa a causa de parásitos, virus o bacterias. Hoy se sabe que 60% de las nuevas enfermedades reportadas a nivel global son por causas zoonóticas y que 700 mil de los más de 1.6 millones de virus desconocidos en aves y mamíferos pueden tener riesgos zoonóticos.
La COVID-19 ha generado un escenario que no habíamos vivido jamás. Con los sistemas de salud pública colapsando y con grandes pérdidas económicas, fuimos al fin conscientes de que los mercados ilegales de animales pueden ser foco de infección y caldo de cultivo para futuras enfermedades que no teníamos registradas. Mientras más contacto tengamos con los animales silvestres, las probabilidades de transmisión aumentan. Mientras sigamos deforestando, expandiendo la frontera agrícola, creando nuevos asentamientos humanos en otrora zonas boscosas y, sobre todo, comerciando ilegalmente fauna silvestre, estaremos creando el escenario propicio para la propagación de enfermedades zoonóticas, a cuyo diagnóstico y tratamiento, además, se presta reducida atención (en 2019 el MINSA recibió S/. 70 millones para el “diagnóstico y tratamiento de casos de enfermedades zoonóticas”. Esto equivale al 0.6% de los S/113,000 millones que la Contraloría reporta como gastos de 2020 frente al Covid 19).
Para reducir el tráfico de animales silvestres no bastan penas más duras ni más decomisos. Se requiere el compromiso de la sociedad en su conjunto, un trabajo en equipo que involucre a las autoridades de control, a las municipalidades que gestionan los mercados locales, las autoridades de frontera, y todas aquellas que tienen responsabilidades frente al comercio de mercancías, las empresas de transporte, las de venta de alimentos, de artesanías y, sobre todo, los medios de comunicación que tienen un rol determinante para informar a la población. El cambio de gobierno es una coyuntura oportuna para renovar la prioridad en esta materia. Aprovechémosla y contribuyamos a evitar la próxima pandemia.
