Servir: ¿se puede retroceder más en meritocracia?

Tener un mejor Estado, con servicios públicos de calidad, entregados de manera oportuna y eficiente a la población, ha sido una aspiración de muchas gestiones gubernamentales de las últimas décadas, pero que, sin embargo, solo quedaron en el papel. El esfuerzo más serio en el Perú, reconocido internacionalmente, fue la reforma del servicio civil que se inició el año 2012 y que hoy, lamentablemente, está a punto de colapsar con una decisión que, en medio de tantas noticias políticas, está pasando desapercibida.

El gobierno ha emitido la Resolución Ministerial 254-2022-PCM, publicada el 17.09.2022, constituyendo una comisión para reestructurar -en 120 días calendario- el trabajo de la Autoridad Nacional del Servicio Civil (Servir), sin que la institución pueda participar en la misma. Esto significaría que, antes de fin de año, el gobierno podría tomar control de Servir, luego de su primer intento fallido de adscribirlo al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE).

La Resolución Ministerial, firmada por el presidente del Consejo de Ministros (PCM), crea una comisión que tiene como funciones evaluar si aún es posible pasar los temas de Servir a otras entidades, revisar la composición del Consejo Directivo, la posibilidad de incluir a un representante de los trabajadores en su Directorio y revisar las normas de designación y remoción de la presidencia ejecutiva. También incluye elaborar un cronograma de tránsito de entidades públicas al nuevo régimen del servicio civil, entre otros.

El actual gobierno ha dado señales muy claras de no querer fortalecer el servicio civil ni la meritocracia. Todo lo contrario. Ha tenido en cargos políticos de confianza (ministros, viceministros, secretarios generales, etc.) designaciones muy cuestionables y también en el cuerpo técnico profesional que se había empezado a construir en el Estado y que hoy, lamentablemente, se está perdiendo por la inestabilidad de las gestiones y porque no es posible seguir una ruta meritocrática en esta gestión.

Hay, en el fondo, un error de concepción en el actual gobierno. Se cree que la reforma del servicio civil es solo un tema de empleo público, de equidad de derechos laborales o unificación de regímenes dispersos. Pero es más que todo ello. Es un cambio transformacional y cultural en las entidades públicas para servir mejor al ciudadano. Es parte de una reforma del Estado.

Por ello, la reforma empezaba con una reingeniería interna en cada una de las cerca de 2 mil entidades del Estado. Ellas debían identificar sus funciones, las mejoras esperadas en sus servicios y, a partir de ahí, cuantificar las necesidades reales de personal para cumplir con su misión y servir mejor. No hacer este trabajo originaba un desorden monumental, pues a algunas entidades les sobraba personal y a otras les faltaba y entonces contrataban usando contratos desnaturalizados para salvar las eventualidades. Esta era la etapa más difícil de la reforma.

El paso siguiente era el concurso público para que los servidores pasen al nuevo régimen que, dicho sea de paso, tenía beneficios laborales muy superiores a los regímenes preexistentes y muy similares al régimen privado. A cambio, se les exigía a los servidores capacitarse y ser evaluados periódicamente.

Todo este proceso transformador requería mucha voluntad política, capacidad técnica y perseverancia para enfrentar grandes resistencias políticas y sindicales. Hubo avances interesantes hasta el año 2016, luego del cual la reforma entró a una fase descendente y pasó a un segundo plano y siguió el curso de las crisis políticas de los últimos seis años. Así, sin voluntad política, con esfuerzos aislados de algunos ministros y de pocos sectores, con procedimientos largos y difíciles de cumplir, la reforma está en una etapa de declive, que se expresa en que menos de 10 entidades de un total de 2 mil lograron completar las cuatro etapas para entrar al nuevo régimen, habiéndoles tomado cerca de cinco años transitar.

Sin voluntad política, sin cuadros técnicos, con alta inestabilidad en las entidades públicas, es imposible una reforma meritocrática. El rol de Servir en este gobierno se está limitando a sobrevivir o en evitar más retrocesos.

Contar en el Estado con los mejores profesionales del país, con funcionarios íntegros, bien pagados, con una carrera y ascensos meritocráticos, debería ser la aspiración de todo gobierno, sea de derecha o de izquierda. Renunciar a ese objetivo, es debilitar al Estado y ser presa fácil de intereses gremiales y de grupos particulares.

Si la decisión del gobierno de reestructurar Servir fuera un genuino interés por fortalecer la meritocracia y los servicios públicos, en buena hora, pero es evidente que hay razones para pensar que ello no será así.