Escribe: Guillermo Boitano, director de la Carrera de Economía de la Universidad de Lima
En una entrega anterior, hablamos del sistema de salud en el Perú y señalamos que los problemas del sector privado son similares a los del público, con algunos asuntos adicionales que hoy plantearemos. Se suele pensar que el mercado y la libertad de oferta y demanda resuelven todo, pero existen imperfecciones que afectan al consumidor. Por ello, se requiere una regulación fuerte e independiente.
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Según la SBS, el mercado peruano está lejos de la competencia perfecta: pocas empresas concentran la mayor parte de los servicios y muchas operan bajo esquemas de integración vertical vinculadas a bancos, clínicas o farmacias. Esto genera incentivos perversos: aseguradora y prestador responden al mismo dueño, lo que distorsiona los precios y restringe la libertad de elección. El paciente queda atrapado en un sistema donde el conflicto de interés es estructural.
Según el portal de Susalud, entre enero y diciembre del 2022, se recibieron 133,000 reclamaciones contra establecimientos de salud, de las cuales el 93% correspondió a entidades públicas (previsible, porque son la mayoría y están mal gestionadas y saturadas) y el 7% (unas 10,000 quejas), a entidades privadas.
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El reducido tamaño del mercado peruano explica parte de estas imperfecciones, pero también la carencia de un sistema de fiscalización lo suficientemente independiente y fuerte. Según el portal de Susalud, entre enero y diciembre del 2022, se recibieron 133,000 reclamaciones contra establecimientos de salud, de las cuales el 93% correspondió a entidades públicas (previsible, porque son la mayoría y están mal gestionadas y saturadas) y el 7% (unas 10,000 quejas), a entidades privadas. De acuerdo con el mismo organismo, en el 2024, las quejas fueron 163,000 y, si asumimos que los porcentajes se mantuvieron constantes, alrededor de 11,000 habrían sido contra el sector privado.
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Si suponemos que la empresa privada siempre es eficiente, ¿es lógico observar este nivel de reclamos? Para algunas aseguradoras, resulta más rentable pagar una multa por negar una cobertura que asumir el costo del siniestro. La sanción se convierte así en un gasto operativo más, lo que evidencia la débil supervisión del Estado. Casos como el de una paciente a la que se le negó un medicamento oncológico lo ilustran: el regulador multa, la aseguradora paga, entrega la medicina y continúa operando sin modificar su patrón de conducta.
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Bajo estas condiciones, el golpe económico a las familias es inevitable. Aunque, según el INEI, la inflación general volvió al rango meta (1%-3%), el sector asegurador va por otro carril. Los costos médicos privados han aumentado entre 10% y 11% por el mayor número de atenciones y la siniestralidad pospandemia. Tener seguro ya no garantiza protección: el gasto de bolsillo pasó de S/ 344 a S/ 444 en cuatro años. Las familias pagan primas más altas y, aun así, asumen copagos, deducibles y medicamentos no cubiertos.
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Nuestro gasto total en salud (casi 6% del PBI) está muy por debajo de los estándares de la OCDE. Además, son los hogares los que asumen la mayor parte del desembolso en salud, no el Estado ni las aseguradoras. ¿Qué camino queda? No basta con indignarse por las colas o las cartas de garantía rechazadas. Necesitamos reformas de fondo: fortalecer Susalud para que las multas sean realmente punitivas y debatir los límites de la integración vertical en salud. Cuando las asimetrías son tan grandes, el mercado no se corrige solo. Si no equilibramos la cancha ahora, la salud privada dejará de ser un servicio de protección para convertirse en un lujo ineficiente e inalcanzable.
