Escribe: Elena Conterno, especialista en políticas públicas
Quien es autoridad ha sido “autorizado”: un grupo le ha delegado poder para que represente sus intereses y tome decisiones en su nombre.
Lamentablemente, muchas personas, en cuanto reciben algo de poder, tienden a abusar de él, perdiendo rápidamente su legitimidad. La decepción frente a la actuación de las autoridades es, tristemente, más la regla que la excepción en el Perú.
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En un sistema democrático, la autoridad implica un poder conferido por los ciudadanos a instituciones y personas para que gestionen el bien común, protejan los derechos fundamentales y respeten el Estado de derecho.
En los últimos meses, el abuso por parte de nuestras principales autoridades viene siendo cada vez más frecuente. Desde el uso de recursos y poder para beneficio propio, hasta la vulneración de derechos fundamentales, pasando por la desatención de la misión de las instituciones que representan.
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En el caso del Poder Ejecutivo, ejemplos recientes del uso abusivo del poder incluyen la designación de un ministro del Interior que parece más preocupado por proteger a la presidenta que por garantizar la seguridad ciudadana, consentir que Petroperú siga costando millones a todos los peruanos, y permitir que los servicios de salud y educación empeoren.
En el Congreso, lo más reciente es la aprobación de la ampliación de la vigencia del Reinfo, que avala la minería ilegal y causa perjuicios a empresas, personas y al medio ambiente; la modificación de la ley universitaria para permitir que regrese la educación de baja calidad; el constante blindaje a quienes son denunciados ante la Comisión de Ética; y la casi inutilización de la Defensoría del Pueblo, al nombrar a alguien sin las credenciales requeridas y comprometido con el poder de turno.
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En la Fiscalía, el abuso se manifiesta constantemente en el afán de figurar de muchos fiscales y un sesgo que prioriza la acusación sobre la investigación y la búsqueda de la verdad. Lamentablemente, la acusación se ha convertido en un fin en sí mismo, distorsionando el rol de la Fiscalía de prevenir y perseguir el delito, defender la legalidad y proteger los derechos ciudadanos.
En el Poder Judicial, la primera instancia parece una mera mesa de partes, que no sigue debidamente los procesos establecidos, y en casos penales, se limita a ratificar las tesis fiscales. El juicio justo y la presunción de inocencia recién se garantizarían en la Corte Superior y, muchas veces, recién en la Corte Suprema, como viene ocurriendo con Alberto Pasco-Font y Ricardo Briceño.
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Todo lo anterior constituye una vulneración de los derechos fundamentales de las personas y del principio del Estado de derecho. Implica además un doble debilitamiento de los servicios públicos: por malas autoridades y normas para gestionarlos dados los abusos del Poder Ejecutivo y el Congreso, así como por la fuga de funcionarios competentes e íntegros como consecuencia de los abusos perpetrados por la Fiscalía y el Poder Judicial.
La viabilidad del país depende de mejorar la elección y designación de autoridades, de tal forma que, una vez electas o designadas, ejerzan el poder con prudencia y responsabilidad. Necesitamos autoridades con capacidades para ejercer un liderazgo que cuestione el statu quo, inspire a sus equipos y procure el bienestar de los peruanos.
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Para mejorar la elección de autoridades en el Poder Ejecutivo y el Congreso, algunas medidas son visibilizar la trayectoria de los candidatos, ampliar los impedimentos para postular y eliminar el voto preferencial. En cuanto a la designación de jueces y fiscales, es importante que la Junta Nacional de Justicia considere los conocimientos reales y no solo los títulos obtenidos en universidades de baja calidad.
Por su parte, quienes hoy ejercen posiciones de poder harían bien en recordar que no han recibido un cheque en blanco. Deben tener presente que el verdadero poder radica en ganarse el respeto de las personas, actuando con valores y dedicándose con humildad y compromiso a la misión que se les ha confiado. Las instancias superiores tienen una gran responsabilidad en prevenir y parar los abusos cometidos por las instancias inferiores.
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Urge que las autoridades usen, y no abusen, del poder. Todos debemos asumir responsabilidad en ello; no podemos quedarnos indiferentes ni esperar que el cambio llegue por sí solo. En este propósito, los medios de comunicación deben ser aliados, cuestionando a las autoridades que abusan del poder, tanto en el Poder Ejecutivo y el Congreso, como en la Fiscalía y el Poder Judicial.
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