Karla Gaviño
Escribe: Karla Gaviño Masías, profesora de Gestión Pública de la Universidad del Pacífico.
El discurso presidencial de 28 de julio anunció la creación del Ministerio de Infraestructura, colocando nuevamente en el debate la discusión sobre la institucionalidad pública necesaria para mejorar la infraestructura del Gobierno Nacional (o al menos, del Poder Ejecutivo).
Un año atrás, se discutía lo mismo. Algunas voces señalaban que no era necesario agrandar el aparato público. Otras, preferían se cree un Ministerio de Infraestructura ante la dispersión de entidades ejecutoras.
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No obstante, el Gobierno optó por crear la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN), como una entidad perteneciente a la Presidencia del Consejo de Ministros siendo ésta una institución política y sin mayor experiencia en la materia. La ANIN, se creó como respuesta política ante los desastres que ocasionaron el Fenómeno El Niño y el ciclón del Yaku. En ese sentido, se diseñó básicamente para reemplazar a la Autoridad de la Reconstrucción con cambios, dejando de lado otras tareas que se anunciaron con cierta premura, como abarcar proyectos del Plan Nacional de Infraestructura, incluyendo a Majes Siguas II (anunciado inclusive en el discurso de 28 de julio del 2023). Hoy en día, ANIN es un ejecutor entre muchos, del Ejecutivo. Posteriormente, se creó el Organismo de Estudios y Proyectos de Inversión, sin mayores resultados.
Esta experiencia debió evidenciar al Gobierno, que adoptar decisiones de gestión pública por urgencias políticas, no necesariamente lleva a tener logros que mostrar en las proporciones esperadas.
¿Qué implicancias tiene la creación del Ministerio de Infraestructura?
En términos simples, la creación del Ministerio de Infraestructura significa pasar de tener instituciones que ejecutan obras en distintos ministerios, a centralizarlas en uno. No supone desaparecer ministerios, supone reordenar la ubicación de las ejecutoras. Así, PROVIAS NACIONAL, PRONIS, FONCODES, ANIN, entre otras, que hoy en día pertenecen cada una a un ministerio diferente, pertenecerán al Ministerio de Infraestructura.
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Teóricamente es una apuesta interesante, que de darse en un marco de análisis de gestión pública con debate sustentado y articulación, podría mejorar el desorden actual. Los retos, no obstante, van desde temas conceptuales hasta de implementación.
Consideramos que el principal reto conceptual será tener clara la tarea del ministerio. Al estar pensado como un gran ejecutor, recomendamos: i) que instituciones que no se dedican a ejecutar infraestructura, como el Consejo Nacional de Competitividad y Formalización, no pasen al ministerio; ii) que no resuelva ni gestione espacios de resolución de disputas en materia de infraestructura, pues no debería ser juez y parte; iii) evaluar con mayor detenimiento las ideas de traspasarle las rectorías del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones y del Sistema Nacional de Promoción de la Inversión Privada.
Algunos retos para su implementación serán: i) la desarticulación entre las instituciones ejecutoras del Poder Ejecutivo, teniendo cada una sus propios procesos internos; ii) la especialización en cada materia y tipo de infraestructura a abarcar; iii) la implementación de medidas de integridad y anticorrupción (los controles preventivos internos deben cimentados desde el inicio); iv) el traspase de los proyectos de infraestructura (recomendamos que sea progresivo); y v) la adopción de medidas para cautelar la continuidad de los proyectos sin demoras.
No afrontar estos aspectos, puede generar que el anunciado Ministerio de Infraestructura termine siendo un gran aparato burocrático con múltiples nichos de corrupción.
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