Escribe: Raúl Odría, docente de la Universidad de Lima
Como es conocido, este jueves se estará inaugurando en la ciudad de Chancay, el megapuerto de carga que posiblemente se convierta en el más importante de Latinoamérica y entre los tres más importante de la costa del Pacífico.
De acuerdo a la características y ubicación geográfica de Chancay, este puerto podrá recibir de manera masiva, barcos con volúmenes nunca antes vistos en puertos peruanos, con capacidad de hasta 24 mil contenedores, y se constituirá en la última conexión de la región en el trayecto comercial hacia China y el Asia, en la llamada nueva “ruta de la seda”.
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En efecto, con el inicio de operación del puerto, se ha previsto una reducción en los tiempos de transporte a China, de 40 a 23 días, que implicaría una reducción de los costos de flete en un 50% (que se incrementaron sustancialmente con la pandemia), lo que se convertirá en un potente motivo para que Chancay concentre el comercio exterior de Latinoamérica con el Asia.
De la misma manera, no debe pasarse por alto la serie de TLC que el Perú mantiene vigentes con países asiáticos: China, Corea del Sur, Japón, Tailandia y Singapur. Asimismo, se encuentran en plena negociación los TLC con la India, con más de 1,400 millones de habitantes (país más habitado del mundo, que duplica la población de Latinoamérica), Indonesia (con 500 millones de habitantes), Hong Kong, Australia y Nueva Zelanda.
Como puede evidenciarse, el puerto de Chancay trae una oportunidad de desarrollo, que los privados, tanto nacionales como extranjeros, ya han identificado hace bastante tiempo y que el Estado no puede dejar de aprovechar, para establecer un polo de desarrollo y adecuar la infraestructura de la zona, para soportar los volúmenes de esta nueva actividad.
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Sobre lo último, ha llamado poderosamente la atención un proyecto de ley discutido en el Congreso, mediante el cual se pretende declarar Chancay como una Zona Económica Especial (“zona franca”), estableciendo un régimen especial tributario, aduanero y de comercio exterior. Sin embargo, este proyecto de ley ha quedado bloqueado porque se pretende establecer una tasa del 15% del Impuesto a la Renta, cuando lo más adecuado sería una tasa de 0% para todo tipo de tributo administrado por el gobierno central.
Al parecer, esta propuesta legislativa ha omitido considerar una tesis económica básica para la implementación de tributos: “La curva de Laffer”. De manera simple, esta tesis establece que la implementación de una mayor presión tributaria, ya sea a través de nuevos tributos o un incremento de las tasas de los existentes, genera una menor recaudación.
De manera contraria a lo que se cree, la opción de establecer una zona franca en Chancay, donde no haya que pagar tributo alguno al gobierno central (IR e IGV), sería la base de un crecimiento económico sostenido en el ingreso de empresas globales que traerán inversión, valor agregado, tecnología y trabajo formal.
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Asimismo, debe articularse con el gobierno local, que tendrá un incremento significativo en su recaudación por Impuesto Predial y arbitrios, en virtud de la reevaluación del precio de los inmuebles de la zona y, posiblemente por el aumento de los comercios de todo ámbito en esa ciudad.
Basándonos en las posibilidades de desarrollo que el puerto de Chancay tiene por sí mismo, la creación de una zona franca le otorgará una posición de competitividad en la región, que ningún otro puerto o lugar podría igualar; generándose una opción inmejorable de desarrollo como país. Sólo en la región, Uruguay y Ecuador ya han implementado este sistema sin contar con un puerto de la envergadura de Chancay. En Centroamérica ha sucede lo mismo en Panamá, Costa Rica, Guatemala y Honduras.
En el marco de APEC, el Perú y su Gobierno deben enfocarse en presentar un país estable, con políticas transversales para recibir la inversión extranjera: sin barreras burocráticas y seguridad jurídica. Esa es la única fórmula para crecer económicamente y alejarnos de la pobreza.
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