Proyectos de Ley versus sistema financiero

Estamos atravesando un periodo complejo desde el punto de vista de salubridad y también desde el económico-financiero, debido a la crisis del COVID-19, esto ha conllevado a la emisión de una importante normativa en diferentes áreas. Distintos países, incluyéndonos, vienen debatiendo proyectos de ley para enfrentar la emergencia, lo cual puede haber impactado en la reducción de tiempos para su evaluación. Son acertadas las intenciones del estado para aliviar la carga económica y/o financiera; sin embargo, es necesario analizar las posibles consecuencias de las medidas planteadas para lograr dicho fin.

En el último mes, hemos visto que en el congreso se han propuesto proyectos de ley dirigidos a mitigar los problemas económicos y/o financieros. Estos proyectos han considerado para su evaluación el concepto de economía social de mercado, caracterizado por tener una política de libertad económica influenciada y regulada por un factor social; dentro de los cuales cabe resaltar los siguientes:

1. Proyecto de Ley 5022/2020-CR: suspensión de cobro de deudas contraídas por las personas naturales con entidades financieras, sin aplicar moras o intereses, ni afectar la calificación crediticia.

2. Proyecto de Ley 5279/2020-CR: condonación de los intereses y/o gastos de los usuarios de servicios financieros, incluidos los asumidos a través de tarjetas de crédito en establecimientos comerciales, entre otros.

Estas medidas otorgarían alivios transitorios al pago de deudas mediante mecanismos como la condonación y suspensión de obligaciones; no obstante, es importante evaluar los efectos colaterales que generarían en el funcionamiento eficiente de nuestro sistema financiero. Consideramos que una intervención así diseñada, sin evaluación técnica previa, podría distorsionar los mercados financieros tradicionalmente regidos por la oferta y la demanda con la participación de reguladores y supervisores como la SBS, el BCR e Indecopi. Sería coherente que al nivel de comisiones del legislativo exista una interacción proactiva con los gremios especializados, asociación de consumidores y reguladores que propicien con una vocación técnica la reprogramación de deudas y/o otorgamiento de nuevos préstamos para cubrir las necesidades derivadas de esta situación excepcional, entre otros.

Otro aspecto fundamental sería privilegiar a los más vulnerables con un trato preferencial en los programas de asistencia financiera para que puedan cumplir con sus obligaciones (por lo menos parcialmente) favoreciendo la continuidad de las cadenas de pagos. Ello atenuaría los impactos económicos, toda vez que es prioridad reconfigurar las relaciones de negocios para hacerlas viables en el escenario presente y futuro.

Si bien el Estado tiene la responsabilidad social de proteger a la población en estos tiempos tan complicados, es importante analizar estos proyectos de ley teniendo en cuenta también el mandato de fomentar y garantizar el ahorro público, establecido en el articulo 87º de nuestra Constitución, sin dejar de lado los elementos técnicos, económicos y legales necesarios para su correcta evaluación y aplicación.