Escribe: Whitney Miñán, editora de Economía
Una de las palabras que más escucho cuando se habla de infraestructura en el Perú es “brechas”. Es innegable que, por poner un ejemplo, el presupuesto público asignado para obras cada año busca cambiar esa situación. Sin embargo, cuando se escudriñan los números, hay retos claros que deben enfrentarse, sobre todo, en el nivel municipal. En el 2024, los gobiernos locales tuvieron disponibles S/ 28,885.2 millones para proyectos, una cifra nada desdeñable si se toma en cuenta que representa el 42% del total de recursos públicos para ese mismo fin. De este monto, se logró ejecutar el 67%, dejando más de S/ 9,413 millones sin utilizar.
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Solo tomando la información de los últimos seis años (2019 – 2024), que incorpora la gestión municipal anterior y la vigente, en conjunto, las comunas han contado con más de S/ 156,660 millones para sus proyectos. En este tiempo, no se logró invertir casi el 40% de estos recursos. Más allá de las sumas y restas, lo que se debe entender es que cuando este dinero no se usa, son oportunidades perdidas y no se favorece a la población.
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Esto sucede en un contexto de atomización de jurisdicciones. Perú registra 1,891 municipalidades, lo que –en algunos casos– resulta en presupuesto acotado y proyectos que básicamente no le cambiarán la vida a la gente. Es más, tal como lo adelantó Gestión, durante el año pasado, el Congreso propuso la creación de 37 distritos más, lo que podría hacer cada vez más compleja la repartición de los recursos y el logro de objetivos.
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A esto se suma que las capacidades para seguir el ciclo de una inversión pública no necesariamente están inmersas en los funcionarios públicos de los distritos y provincias. Pese a ciertos esfuerzos del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) por capacitar a las autoridades en los últimos años, no se logran avances trasversales en todos los municipios.
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Además, ya lo ha alertado la Contraloría General de la República, algunos gobiernos locales apuestan por las obras por administración directa, un mecanismo que permite realizar proyectos sin la intervención de terceros o entidades privadas. Es decir, la misma municipalidad es la “ama y señora”. Aún así, mucho menos de la mitad de las obras bajo esta modalidad han culminado.
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Un punto adicional es que a veces los recursos no van acorde a las capacidades. Hay municipalidades que están en el otro extremo y reciben elevados presupuestos, provenientes del canon, sobre todo en épocas de “vacas gordas” de los recursos que aporta la minería, pero no pueden ejecutarlos con la eficiencia y calidad que se requiere.
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Considero que para abordar la referida problemática hay dos frentes. Uno de ellos es la parte estatal. El Gobierno nacional no puede, en ningún momento, bajar la guardia y debe seguir -mediante distintos mecanismos- siendo un apoyo clave, junto a las regiones, para las municipalidades. Colocar hitos más claros y dar respaldo técnico son piezas fundamentales si queremos logros en el corto y mediano plazo. Además, se debería reevaluar el número de distritos, para hacer jurisdicciones más grandes con mayor espacio a mejorar la distribución de los recursos.
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El otro frente es la participación ciudadana. Y no solo del “vecino” del distrito, sino también desde el lado empresarial. Reclamar justamente por obras necesarias en cada municipalidad es una responsabilidad inherente de las personas. Solicitar información pública y hacer seguimiento a aquellas vías, carreteras, edificaciones, entre otras, inconclusas será un pilar en la construcción de lo que se necesita para cerrar las tan famosas brechas.
Editora de Economía y coordinadora de ESG del diario Gestión. Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Con casi 10 años de experiencia profesional en el rubro.
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