Únete al canal de GestiónDirector de la Escuela de Posgrado de la U. de Lima
Recientemente, el Poder Ejecutivo envió al Congreso de la República un proyecto de reforma del sistema de pensiones peruano que debería ser discutido con urgencia. Se debe evitar el daño que se le ocasiona al Perú con las aprobaciones de nuevos retiros del Sistema Privado de Pensiones sin ninguna visión de largo plazo. El Poder Legislativo a través de la aprobación de estos nuevos retiros no solo afecta el principal objetivo de cualquier sistema previsional, que es la generación de pensiones adecuadas para los trabajadores, sino que además obstaculiza el desarrollo del mercado de capitales peruano. Prácticamente, se elimina la principal fuente de financiamiento de largo plazo nacional para los grandes proyectos de infraestructura, lo que repercute en las posibilidades de elevar los niveles de productividad en nuestro país, y se afecta una de las principales fuentes de recursos para el propio Estado a través de la disminución de la demanda de bonos de largo plazo por parte de inversionistas institucionales.
Las cifras actuales muestran la urgencia de actuar. Hoy, solo aporta a un sistema previsional el 30 % de la población económicamente activa; 27 % de los que aportaron al sistema privado de pensiones no tiene ni un sol en sus cuentas individuales de capitalización, y 57 % de las personas mayores de 65 años no tiene pensión.
Se puede tener discrepancias con el proyecto presentado, como la pérdida de especialización en el manejo de fondos de largo plazo, pero es una propuesta integral que merece ser discutida, a fin de tener un marco normativo que brinde una solución a largo plazo del sistema pensionario peruano de acuerdo con los tres pilares de cualquier sistema previsional: universalidad, sostenibilidad y eliminación de la pobreza en los adultos mayores. Es decir, se debe generar un sistema que cubra al 100 % de los adultos mayores, que sea financieramente sostenible en el tiempo y que genere una pensión mínima adecuada.
Además, la propuesta del Poder Ejecutivo considera cuatro pilares para su implementación: uno contributivo, uno no contributivo, uno semicontributivo y un pilar voluntario. El primero mantendría los aportes al sistema privado y público de entre 10 % y 13 % de las remuneraciones mensuales de los trabajadores dependientes e incluiría un sistema de aportes para los trabajadores independientes. El no contributivo posibilitaría eliminar la pobreza en el adulto mayor, que, debido entre otros factores a la informalidad, no aportó a ningún sistema. El pilar semicontributivo haría posible establecer una pensión mínima universal que incluiría en el sistema privado a los aportantes que no lograran generar un fondo suficiente para una jubilación adecuada. Finalmente, se establecería un sistema voluntario que contaría con incentivos aportados por el Estado peruano.
Es hora de que como país enfrentemos los grandes retos de nuestro desarrollo económico y social, y dejemos de lado políticas inmediatistas y populistas que no enfrentan nuestros grandes problemas, uno de los cuales es la construcción de un sistema de seguridad social integral que incluya los servicios de salud y la generación de pensiones sostenibles.
