El atentado ocurrido el último lunes en el centro de la ciudad de Trujillo, muy cerca de la sede la Fiscalía, ha sido tan solo una de los más recientes episodios de la escalada de violencia y delincuencia que se está viviendo en varias zonas del país. El incidente, que se registró en horas de la madrugada, causó miedo e indignación, pero muy poca sorpresa. Es, más bien, la consecuencia natural de una realidad que venimos afrontando desde que gobernaba Pedro Castillo.
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Cuando el Poder Ejecutivo claudica de su rol de aplicar la ley –en este caso, investigando y persiguiendo el crimen con inteligencia– por incapacidad y/o por priorizar intereses políticos personales, las sociedades adecúan sus conductas y los más fuertes muchas veces imponen sus propias reglas. Así, lo que manda las leyes deja de importar: se sabe que no habrá castigo, por lo que cada vez va creciendo el espacio para que más personas encuentren una forma de subsistir al margen las reglas.
Si a este problema, que es solo uno de los que nos ha venido aquejando en los últimos años, se le suma un Congreso que activamente modifica leyes para retroceder en los avances que se habían logrado para crear herramientas de lucha contra el crimen organizado, así como un Poder Judicial burocrático, impredecible y con altos niveles de corrupción, el panorama empeora.
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Según información del Sistema Nacional de Defunciones (Sinadef), en el 2024 el número de fallecimientos por homicidio aumentó en 35% respecto del 2023. Asimismo, según datos del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), en el semestre mayo-octubre del 2024 las denuncias por hechos delictivos aumentaron en 19% respecto del mismo período en el 2022. En particular, el porcentaje de la población que fue víctima de robo de negocios aumentó en 320%, mientras que la que fue víctima de secuestro y extorsión creció en 50%.
Es particularmente difícil afrontar esta realidad para la población de un país que, por casi dos décadas, se acostumbró a crecer económica e institucionalmente en democracia. Aunque hoy queda claro que en ese segundo aspecto logramos crecer mucho menos que en el primero. Y hoy nos pasa factura.
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¿Existe alguna luz al final del túnel? Sin duda que sí, pero no dependerá solo de los políticos de turno, sino de que la población peruana finalmente entienda que para que el país pueda funcionar, todos debemos involucrarnos. Informándonos, participando, fiscalizando, debatiendo y votando con responsabilidad.
Mientras esto no ocurra, se seguirá observando el accionar errático de gobiernos personalistas y de poca duración en un país bajo arresto. Cercado por la delincuencia y la informalidad. Y esperando sacarse la lotería en una eterna próxima elección.
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