Escribe: Eduardo Herrera Velarde, consultor anticorrupción.
Los sistemas antisoborno, también conocidos como sistemas anticorrupción, no son garantía de nada. No determinan una protección fiable, ni la seguridad que usted señor (a) empresario o su empresa está protegida de los riesgos de corrupción.
Entendamos –y me van a disculpar constituirme una vez más en un gran aguafiestas– que este tipo de modelos o sistemas determinan, únicamente, la existencia de un orden de procedimientos; nada más. De hecho, quien va a investigar posiblemente un caso de corrupción en su organización –Dios no lo permita–, poco o nada saben de eso ni les interesa. Tampoco saben mucho de empresas o la manera de cómo se organizan y funcionan, pero eso es harina de otro costal.
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Pese a ello, de acuerdo al ranking ISO Survey que mide la cantidad de certificaciones ISO a nivel mundial, el Perú era segundo en todo el globo en el año 2020 en cantidad de certificados ISO 37001 (antisoborno). El primero era Italia y también destacaban otros países como Indonesia, Brasil o Grecia, no necesariamente paladines de la lucha contra la corrupción.
En mi experiencia resulta usual escuchar que muchos empresarios ven una tabla de salvación cuando refieren, con cierta displicencia incluso, tener uno de estos modelos o sistemas para sentirse a salvo. Lo duro viene luego cuando comprueban la distancia entre un orden idílico e irreal y lo que pasa al salir a la calle e intentar hacer negocios. La corrupción está en muchas partes: lados públicos y privados. Ahí todo se convierte en una selva de cemento.
Olvidémonos por un rato del objetivo país de luchar contra la corrupción; objetivo que, dicho sea de paso y fatalmente, dependerá de la voluntad política –inexistente– de nuestros gobiernos. Si se trata de mera protección, la cosa debe ser un poco más seria, más incómoda y a la vena.
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Si usted quiere conocer en qué grado de protección está su empresa respecto a la exposición de corrupción o si alguno de sus propios funcionarios –inclusive inocentemente– puede meterlo en líos con la justicia, debe medir cómo contrata, cómo paga, cómo controla a sus abogados o gestores de cualquier tipo, cómo se relaciona con el Estado, etcétera. No con una medición unilateral, formal y estática como podría resultar uno de estos modelos, sino del modo como opera la verdadera inteligencia contando con una especie de hacker que desafíe su organización para hacerla a prueba de balas y siendo muy crudo para dejar los cuadros de Excel y exponerlos a la calle.
En el contexto de una investigación penal real, frases como “eso siempre funcionó así” o “todo el mundo lo hace” no serán suficientes para presentar una buena defensa. Tampoco lo será una certificación, sistema o modelo. Por eso no se confíe. Es mejor estar preparados.
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