Escribe: Carolina Trivelli, economista del IEP
Las comparaciones son odiosas, pero cuando son útiles para mejorar, renovar ideas y aprender, son altamente valiosas.
Hace unas pocas semanas, Chile presentó los resultados de su medición de la pobreza (a partir de las encuestas de hogares, CASEN). Los resultados fueron alentadores; la pobreza por ingresos mostró una reducción significativa respecto a la medición anterior, situando el porcentaje de personas en situación de pobreza por ingresos —personas a las que no les alcanzan sus ingresos para cubrir la canasta básica— en 17.3 %, 3.2 puntos porcentuales menos que en el 2022, y 11 puntos porcentuales menos que en 2020.
En el caso de la pobreza extrema, el valor estimado fue de 6.9% de la población en dicha situación. Cifra menor a la del 2022 y la mitad de la cifra del 2020.
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La noticia positiva de la reducción fue muy discutida, pues se obtuvo con una nueva metodología, más exigente que la anterior, que genera estimados de pobreza muy superiores a los que Chile estaba acostumbrado a recibir. Con la metodología anterior, usada hasta el 2022 —Chile mide la pobreza cada 2 años y no anualmente como nosotros—, el nivel de pobreza hubiera sido de 4.9% (por debajo del 6.9% obtenido con esa metodología en el 2022).
Como en varios países de la región, Chile cuenta, complementariamente, con una medida de pobreza multidimensional, que también mostró una reducción, pasando del 20% en el 2022 al 17.7% en el 2024.
Finalmente, en esta nueva medición se agregó un nuevo indicador: “pobreza severa”, que refleja el porcentaje de hogares que enfrentan simultáneamente pobreza multidimensional y pobreza por ingresos. En el 2024, la pobreza severa alcanzó el 6.1 % de las personas, menor que lo registrado en el 2022 (7.8 %).
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Más allá de la tendencia positiva —reducción sostenida de la pobreza pospandemia y niveles de pobreza muy por debajo de los prepandemia— resulta clave revisar el caso chileno por al menos tres razones.
En el caso de la pobreza extrema, el valor estimado fue de 6.9% de la población en dicha situación. Cifra menor a la del 2022 y la mitad de la cifra del 2020. (Foto: EFE)
Primero, en el 2024, se estableció una Comisión Asesora Presidencial para la Actualización de la Medición de la Pobreza formada por expertos de distintas disciplinas que durante 17 meses trabajaron en una propuesta de mejoras a las medidas de pobreza (por ingresos y multidimensional). Esta comisión revisó lo existente, trabajó con expertos de diversas tendencias ideológicas y disciplinas, examinó las mejores prácticas internacionales y discutió ampliamente las propuestas planteadas por distintos actores. A partir de ello, propusieron una nueva medida de pobreza, más exigente y menos complaciente, para un país que, con su medida anterior, ya había logrado niveles muy bajos de pobreza. Ante el éxito en la reducción de la pobreza, optaron por ser más exigentes consigo mismos y no solo vanagloriarse del éxito alcanzado.
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Segundo, esta comisión propuso cambios sustantivos que elevaron el umbral de pobreza por ingresos, lo que reflejó un acuerdo en el que el nivel mínimo de vida requerido para ser considerado no pobre debía ser más alto que el que se venía utilizando. En el caso de la pobreza multidimensional, se mantuvieron las cinco dimensiones, pero se amplió el número de indicadores de 15 a 20.
Entre los principales cambios en la medición de la pobreza monetaria destacan dos: se eliminó el uso de alquileres imputados y, más bien, se definieron líneas de pobreza diferenciadas para quienes alquilan una vivienda y quienes no; y, se revisó la composición de la canasta básica alimentaria para avanzar hacia una que recoja no solo lo mínimo requerido para sobrevivir, sino una que avance hacia una canasta alimentaria saludable acorde con las recomendaciones internacionales. Esta nueva canasta alimentaria se valorizó utilizando la información de las encuestas de presupuestos familiares. Obviamente, el cambio en la canasta alimentaria elevó el umbral de pobreza por ingresos.
Tercero, se generó una nueva medida, la pobreza severa, para identificar a las personas que enfrentan tanto pobreza por ingresos como pobreza multidimensional, a fin de dar seguimiento a este grupo afectado por ambas formas de pobreza, y como nuevo instrumento para definir mejor las intervenciones de ayuda social y su focalización.
Tenemos mucho que aprender de lo que Chile ha hecho en este campo. Nosotros tenemos una medida técnica de pobreza monetaria que, si bien ha tenido revisiones metodológicas (la última sustantiva hace 13 o 14 años), podría ser revisada con una mirada fresca, amplia y multidisciplinaria, a la luz de los nuevos tiempos y de las características de las distintas formas de pobreza en el Perú. Pero ello parece difícil en un país que, a pesar de trabajar en el tema desde hace muchos años, aún no logra consensuar ni siquiera una medida de pobreza multidimensional. Claramente estamos rezagados, no solo en cuanto a nuestra capacidad para reducir la pobreza, sino también en nuestras competencias para medirla.
Magister en Economía Agraria por The Pennsylvania State University y Economista de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP). Ex Ministra de Desarrollo e Inclusión Social.
